Gobierno presentará indicación para extender a 30 años la prescripción en abusos sexuales a menores
La Moneda señala en su indicación que esta nueva norma pueda ser aplicada a aquellas víctimas que sufrieron abusos con anterioridad de la entrada en vigencia de la ley.
El Gobierno presentará al Congreso una indicación al proyecto de prescriptibilidad de delitos de abusos sexuales contra menores, donde se buscará que el plazo de prescripción se extienda hasta 30 años y donde se suspenda este plazo cuando exista una relación de dependencia entre el agresor y la víctima.
Así, el Ministerio de Justicia apuntará a modificar la norma vigente a través de una indicación sustitutiva a la propuesta impulsada el 2010.
Según consignó Emol, la opción de La Moneda de no presentar la imprescriptibilidad en el delito se debe a que la Corte Suprema lo ha rechazado en delitos sexuales ante problemas probatorios a los acusados.
No obstante, desde el Ejecutivo están abiertos a que esta propuesta la realice el Parlamento, como lo declaró Hernán Larraín, quien expresó que “el Congreso va a poder discutir y verá cuál es el camino que prefiere (…) Siempre han estado abiertas estas dos posibilidades, o la imprescriptibilidad total o la ampliación del plazo en forma significativa. El Ejecutivo ha tomado este ultimo camino, pero está abierto a lo que el Congreso discuta”.
La indicación que presentará el Gobierno consigna que “si bien en la actualidad estos delitos prescriben en cinco años (tratándose de simples delitos), 10 años (tratándose de crímenes) o 15 años (si la pena es la cadena perpetua), el proyecto eleva estos plazos de prescripción, estableciendo 10 años (tratándose de simples delitos) o 30 años (tratándose de crímenes)”.
Junto con ello, se suspende la prescripción “cuando la vejación sexual cometida contra el menor de edad se realiza en diversos contextos de dependencia con el agresor (educacionales, laborales, espirituales, entre otros) que inhiben a la víctima para dar cuenta del hecho, mientras tales relaciones se proyectan en el tiempo”.
“Se reconoce que la institución de la prescripción es un compromiso del Estado de Derecho, pues no se trata solo de una extinción de la responsabilidad penal, tan sólo por la supuesta fuerza del paso del tiempo, sino de un juicio estatal de prudencia acerca de las condiciones de ejercicio de su propia pretensión punitiva”.
Finalmente, La Moneda señala en su indicación que esta nueva norma pueda ser aplicada a aquellas víctimas que sufrieron abusos con anterioridad de la entrada en vigencia de la ley, “a fin de disminuir el marco de impunidad que las especiales condiciones de vulnerabilidad y dependencia que se regulan pueden generar”.
