Frente Amplio presenta al Gobierno propuesta para el nuevo protocolo de aborto

Las organizaciones del Frente Amplio Izquierda Autónoma, Poder Ciudadano y Movimiento Político SOL entregaron esta mañana una carta al Presidente Sebastián Piñera en la que respaldan la solicitud de renuncia del ministro de Salud, Emilio Santelices, y propusieron puntos mínimos para redactar el nuevo protocolo de la ley de aborto en tres causales.

Esto luego de que la Contraloría General de la República decretara como ilegales los cambios que hizo el Gobierno a la norma, que permitían que las clínicas pudieran restarse de la política pública apelando a una objeción de conciencia institucional.

En la misiva, las colectividades plantean cuatro puntos que debería contener el nuevo reglamento, entre ellos la existencia de equipos médicos de emergencia que puedan viajar a la ciudad en que vive la mujer cuando ésta no pueda acceder fácilmente a un prestador que realice abortos, al igual que la protección a los equipos proveedores, es decir, no-objetores, para que no sean sometidos a presiones sociales o laborales por realizar la intervención.

“El nuevo reglamento debiera reconocer la responsabilidad que significa destinar fondos públicos a instituciones privadas, lo que implica que estas instituciones debieran cumplir con la ley”, agrega la carta. Además, se solicita fomentar el apoyo económico a las organizaciones sociales que están involucradas en los procesos de acompañamiento a mujeres que abortan, para evitar el trauma y la culpabilidad.

En esa línea, la secretaria general de Izquierda Autónoma, Valentina Saavedra, afirma que “el protocolo del ministro Santelices obstaculizó el derecho de las mujeres en favor del negocio de las clínicas privadas, por eso es tan relevante su renuncia como el enfoque del nuevo protocolo. Que esté a la altura de los debates de la sociedad que demanda derechos para las mujeres implica protegernos a nosotras y a los equipos proveedores, así como aprovechar la oportunidad para dar un debate democrático para la implementación de la ley”.

La coordinadora del Frente Feminista de Poder Ciudadano, Bárbara Castillo, planteó que “el ministro debe renunciar, pues su protocolo significó una vulneración a los derechos de las mujeres de nuestro país, que en algunos casos llegó a la muerte, como sucedió con Estefanía. El ministro Santelices dejó de ser un interlocutor válido para el Frente Amplio y para los movimientos sociales, por eso hemos venido directamente donde el Presidente a solicitarle que se implemente un protocolo respetuoso de nuestros derechos y acordado con las organizaciones feministas. Desde nuestro partido estamos convencidas que el Gobierno tiene la oportunidad de rectificar sus errores”.

Desde el mundo médico, el ginecólogo obstetra Gonzalo Rubio -conocido por realizar el primer procedimiento de este tipo- advirtió que el nuevo protocolo debe asegurar que los jefes de servicios no sean objetores de conciencia a menos que garanticen esta prestación en sus recintos y debe “mandatar a que todos los hospitales públicos tengan equipos de médicos no objetores. Además, debe quedar claro que en caso de que una mujer no tenga acceso a la prestación, sea el equipo de otro hospital el que viaje a atenderla, y que el incumplimiento de estas medidas sean consideradas como abandono de la paciente”.

Y Julia Cavieres, representante del Frente Feminista de SOL, agregó que “asegurar la presencia de un equipo capaz y dispuesto a realizar abortos es, como hemos visto en algunas ciudades, una forma de defender especialmente el bienestar de las niñas violadas y no exponerlas a traslados y cuestionamientos”..

Las organizaciones ahora esperan que el Gobierno acoja la propuesta y que construya un nuevo protocolo, pero de forma conjunta con las organizaciones sociales que participaron en la discusión del aborto. “Nos parece que es de suma urgencia que la construcción del nuevo protocolo se transforme en una oportunidad para un debate democrático que recoja la opinión que diversas organizaciones hemos manifestado, para así dar un enfoque de derechos a la implementación de la ley”, explican las colectividades.