Condenan a oficiales en retiro del Ejército por secuestro y homicidios en Pudahuel

El ministro en visita Mario Carroza condenó a cuatro ex oficiales del Ejército por su responsabilidad en 14 casos de secuestros y homicidios calificados, cometidos entre septiembre y octubre de 1973 la comuna de Pudahuel.

Donato Alejandro López Almarza fue condenado a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio, como autor de los delitos consumados de homicidio calificado de 5 personas, y por el delito frustrado de homicidio calificado de Luis Sergio Gutiérrez Rivas.

La misma pena fue dictaminada para Gerardo Ernesto Urrich González, en calidad de autor mediato de los homicidios calificados de 6 personas, además del delito frustrado de homicidio calificado y secuestro calificado seguido de homicidio.

Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi fue sentenciado a 5 años de presidio como cómplice de homicidios calificados y de los delitos frustrados de homicidio calificado y secuestro calificado seguido de homicidio. Sin embargo, este condenado quedó con sometido a un régimen de libertad a prueba con sujeción de un programa de actividades.

Por su parte, Carlos Rodolfo Silva Pérez fue condenado a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por igual lapso, en calidad de cómplice de los delitos frustrados de homicidio calificado y de delitos frustrados de homicidio calificado.

Durante su investigación, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago logró determinar que a partir del 11 de septiembre de 1973 un batallón del regimiento de Infantería Montaña N°3 Yungay de San Felipe se asentó en la comuna de Quinta Normal y en la Casa de la Cultura de la comuna de Barrancas (actual Pudahuel).

Desde allí, realizaron distintos allanamientos en campamentos y poblaciones de Quinta Normal y Barrancas, siendo los detenidos fusilados en la Casa de la Cultura o sectores cercanos al túnel de Lo Prado, y cuyos restos fueron dejados en el Servicio Médico Legal o en la vía pública.

En el ámbito civil, el fallo acogió las demandas por daño moral, condenando al fisco a pagar la suma total de $470.000.000 a los familiares de las víctimas.