Los puntos débiles y fortalezas de Agenda de Género del gobierno

Con el compromiso de avanzar para que “hombres y mujeres tengamos los mismo derechos y oportunidades”, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer la Agenda de Género del gobierno, una serie de medidas y proyectos de ley que buscan acoger las crecientes demandas sociales que buscan eliminar las diversas brechas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, educativo y social.

Una de las medidas que ha tenido mayor repercusión fue la anunciada reforma al sistema de isapres, para terminar con las injustificadas diferencias de precios en los planes de salud que afectan a las mujeres, especialmente, a las que están en edad fértil.

Esta medida ha sido cuestionada principalmente porque implicaría un alza en los precios que pagan los hombres y sólo una pequeña disminución del valor pagado por las mujeres en compensación.

Al respecto, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches asegura que “sólo una reforma integral al sector salud podría hacerse cargo realmente de las discriminaciones del sistema. En estas discriminaciones no sólo estamos las mujeres sino que también están quienes más lo necesitan: los enfermos y ancianos. Hay que pensar un sistema de seguridad social que tenga lógica de solidaridad y no como funciona ahora que es de riesgo individual, como un seguro de auto”.

La dirigenta gremial agrega que hay otros temas que no se incluyeron en esta agenda con enfoque de género, tales como las problemáticas de las minorías sexuales, además de incluir la educación y atención de salud no sexista, considerando “una educación sexual sin conservadurismos, la que nos tienen con las cifras de enfermedades de transmisión sexual y VIH que tenemos en la actualidad”, asegura.

También hizo un llamado al gobierno a incorporar a actores sociales y organizaciones de mujeres para ampliar esta agenda e incorporar los temas pendientes, además de mostrarse disponible desde el Colegio Médico para colaborar en todos estos avances y anuncios.

Otro de los anuncios hechos por el gobierno se refiere a darle urgencia a la tramitación legislativa al proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo, iniciativa presentada durante el gobierno anterior.

Al respecto, Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, asegura que cualquier proyecto de ley que “parcialice” la violencia contra la mujer no apunta al foco sino que confunden y contribuyen a la incomprensión respecto a los diversos tipos de violencia que sufren las mujeres cotidianamente.

“Sancionar la violencia en el pololeo, si bien es necesario, porque ocurre y hoy nos hemos tapado los ojos frente a ello, hay que entender que esto está en un contexto mucho más amplio”, asegura Astudillo.

Para ella, el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuya tramitación comenzó durante el gobierno anterior, debería recoger de manera integral todas las manifestaciones de violencia, incluso la que se vive durante el pololeo, y no como un tipo de violencia separada.

En términos generales, Astudillo califica la agenda del gobierno como “reaccionaria, impulsiva y con poca reflexión”, ya que a su juicio sólo se están recogiendo las temáticas presentadas por las manifestaciones feministas, reflotando proyectos de ley antiguos sobre los cuales no hubo disposición de aprobar en su momento.

“Hay un oportunismo importante respecto a lo que está pasando con el movimiento feminista por parte de todos los partidos, no sólo del gobierno”, agrega, mencionando la situación del ex diputado socialista Daniel Melo, acusado por violencia intrafamiliar, además de las declaraciones del ministro de Educación, Gerardo Varela.

Sobre los puntos que a su juicio faltaron en la agenda, Astudillo menciona la demanda por una educación no sexista, la que no es incorporada en la propuesta del ejecutivo.

Opinión que comparte Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, quien considera que faltó darle una bajada mucho más profunda a la promoción de una educación no sexista, la que a su juicio requiere una hoja de ruta a mediano y largo plazo concreta, “para desterrar prácticas pedagógicas que afectan a hombres y mujeres en el aula”. Sin embargo, Sepúlveda destacó como uno de los puntos altos de esta agenda el anuncio de protocolos para el manejo de abuso y maltrato en las universidades y en los organismos del Estado.

En el acto oficial de presentación, Piñera, acompañado por la ministra de la Mujer, Isabel Plá, y la Primera Dama, Cecilia Morel, aseguró además que se impulsará una reforma constitucional para “establecer como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres”.

Sepúlveda, quien además es secretaria ejecutiva de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) Chile, destacó este cambio constitucional, calificándolo como “una señal poderosa en lo formal y en lo simbólico”.

Destaca también el proyecto de sala Cuna universal, lo que a su juicio permitirá que el costo de la maternidad deje de recaer exclusivamente en las mujeres y sea financiado por padres y madres trabajadores. “Es un cambio normativo en el código laboral que nosotros venimos promulgando desde hace mucho tiempo”, asegura.

En otro aspecto del ámbito laboral, Sepúlveda menciona que los anuncios de flexibilidad laboral y favorecer el teletrabajo deben estar dirigidos tanto a hombres como a mujeres, “de lo contrario, lo que se hace es reforzar el rol tradicional de las mujeres en la casa y en la familia, lo que en nada ayuda a que las mujeres puedan despejar los obstáculos que hoy enfrentan en su desarrollo de carrera y oportunidades de promoción a mayores cargos de responsabilidad”. Esta flexibilidad no debe traducirse, agrega, en precarización laboral, sino que contemple un salario justo y en igualdad de condiciones en protección social.

Entre los aspectos en deuda, a su juicio faltaron detalles respecto a las medidas para potenciar los espacios para que las mujeres accedan a cargos directivos en las empresas públicas y privadas. Sepúlveda comenta que con mayor certeza es probable que se mantenga el 40% de las mujeres en los directorios de las empresas que pertenecen al Estado, aprobado durante el gobierno anterior, sin incorporar una ley de cuotas.