Las nuevas exigencias que podrían tener los conductores de Uber y lo que planea el gremio de taxistas

Hace cuatro años que Uber llegó al país. Desde hace por lo menos dos se han realizado distintos esfuerzos desde el gobierno anterior y el actual para acordar una legislación que regule este tipo de transporte privado de pasajeros, que hoy no tiene requisitos legales de ningún tipo, y que logre homologarse a las exigencias que tienen los taxistas.

Ante esto, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, anunció algunas de las nuevas exigencias que se podrían incorporar en esta regulación que está hoy más cerca de ver la luz. “La posición con la que vamos a trabajar es la igualdad de condiciones”, aseguró.

La semana pasada, el gremio de taxistas se reunió con la titular de la cartera, encuentros que denominaron “claves” para avanzar en la normativa legal, advirtiendo eso sí que si sus demandas no eran resueltas, podrían manifestarse, incluso advirtieron que presentarían una demanda en contra del Estado.

En ese sentido, Hutt afirmó que las nuevas exigencias apuntan a “el requerimiento de conductor profesional, las revisiones técnicas en las mismas exigencias que se hacen a los taxis, la entrega de información de viajes, no de las personas, pero de los viajes que es información valiosa para la planificación”.

Asimismo, los taxistas también enfrentarían cambios para enfrentar este sistema. “Creemos también que a los sistemas de taxis se debería apoyar con plataformas similares. Los taxis no van a áreas poco densas porque la probabilidad de encontrar un pasajero es mucho más baja. Eso tiene una racionalidad, pero si ellos pudieran usar taxímetro electrónico y una forma de servicios también a pedido para las áreas menos densas, estarían compitiendo en igualdad de condiciones”, dijo.

Cabe destacar la discusión en torno a los tributos que debería pagar la aplicación Uber -y otras como Cabify-, en el contexto en que un informe de la Comisión Nacional de Productividad estimó que si la empresa pagara impuestos en Chile, el Estado habría recaudado al rededor de 50 millones de dólares adicionales durante el 2017.