Gobierno propone aumentar penas en seis delitos de cohecho y busca acuerdo con la oposición
El Ejecutivo puso urgencia ayer a las iniciativas para que en un breve plazo puedan ser despachadas.
Cohecho, cohecho a funcionarios públicos extranjeros, soborno, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y fraude al Fisco. Esos son los seis delitos que son parte de un acuerdo que el Gobierno busca lograr con la oposición para endurecer las penas, ofensiva que está en manos del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien se ha contactado con la ex Nueva Mayoría y Frente Amplio para viabilizar su trámite en el Congreso.
Para ello, el secretario de Estado irá hoy a la comisión mixta que revisa el proyecto fusionado que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, que incluye propuestas hechas por la ex presidenta Michelle Bachelet en junio de 2015. Allí es donde pretende incorporar indicaciones y darle respaldo del Ejecutivo.
De acuerdo a La Tercera, entre las iniciativas recopiladas se encuentra la tipificación de los delitos de administración desleal y de soborno entre particulares, y se planteará la necesidad de revisar que no haya inconsistencias entre los distintos tramos de penas que plantean algunos delitos, por ejemplo, entre malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.
Según explicaron en Justicia a ese medio, esto es necesario ya que, en uno de los apartados del proyecto, ambos delitos quedan con la pena de presidio menor en su grado máximo, siendo que malversación es más grave y debe quedar establecida una diferencia. Misma revisión se hará en todos los delitos.
Asimismo, se hará una diferencia entre tres tipos de cohecho: simple, con infracción de deberes y para que se cometa algún crimen. En el primero, se contempla una pena privativa de libertad de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, desde los 61 días hasta los 540 días de cárcel, además de una multa.
El cohecho con infracción de deberes se sancionaría con reclusión menor en su grado medio y una multa que va desde el valor que se le pagó hasta el doble. También estipula una pena privativa de libertad de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde tres años y un día hasta cinco años, con una multa que va desde el doble de lo recibido hasta el cuádruple.
Ayer, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia puso urgencia suma a la iniciativa, por lo que tendrán 15 días de plazo para ser despachado. La premura en que esto avance apunta a que un grupo de trabajo de la OCDE visitará Chile, entre el 2 y 6 de julio, para revisar el estado de avance de los compromisos adquiridos con esa organización en estas materias.
