La nueva ofensiva de la UDI y RN para lograr la objeción de conciencia institucional frente al aborto
Esto como respuesta a la determinación de la Contraloría al objetar el protocolo de la interrupción del embarazo.
En los últimos días, la senadora Jacqueline van Rysselberghe y el diputado Mario Desbordes -ambos presidentes de la UDI y Renovación Nacional, respectivamente- iniciaron una nueva ofensiva política que busca lograr la ansiada objeción de conciencia institucional frente al aborto en tres causales, intento de Chile Vamos que ya había generado polémica por el polémico protocolo.
Luego de que la Contraloría General de la República impugnara el decreto de funcionamiento de la normativa legal, que permitía a los establecimientos hospitalarios decidir no aplicar la prestación médica por “conciencia”, en Chile Vamos comenzaron a buscar otra manera de poder permitir que esto ocurriera.
Por eso el objetivo esta vez es recurrir al polémico Tribunal Constitucional. Según explica La Tercera, ambos parlamentarios le plantearon esta alternativa al Presidente Sebastián Piñera tras el comité político de este lunes: recurrir al TC en contra del dictamen de Contraloría que declaró no ajustado a derecho el protocolo de la interrupción del embarazo.
“Creemos que el dictamen de Contraloría es inconstitucional, porque el TC garantizó la objeción de conciencia y porque, además, creemos que atenta contra la autonomía de los emprendimientos privados. Por lo tanto, nos parece que ahí hay un espacio para recurrir al TC. Nosotros tenemos que seguir garantizando la objeción de conciencia. La Contraloría, a través de dictámenes, no puede invadir espacios propios de los emprendimientos privados”, explicó Van Rysselberghe.
La senadora insistió en que “nos parece que el dictamen de la Contraloría es inconstitucional, porque a raíz de que se reciban recursos públicos se tiende a cercenar la libertad de los organismos intermedios de la sociedad civil, y eso se puede extender infinitamente a todas las demás instituciones y órganos que reciben fondos públicos en otras áreas, y eso nos parece grave”.
Pese a los intentos, según el mismo medio, la factibilidad de esta medida podría estar fuera de plazo, al cumplirse ya más de 30 días corridos desde que Contraloría emanó su dictamen, aunque el camino podría ser presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y que una vez declarado admisible, se pueda presentar un recurso de inaplicabilidad ante el TC.
