Gobierno evalúa establecer inhabilidades para ex parlamentarios lobistas

El jueves pasado, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos llego hasta La Moneda para reunirse con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, a fin de analizar las iniciativas que serán incorporadas dentro del proyecto de “integridad pública”, que apunta a regular a todos los funcionarios y ex funcionarios del Estado. Iniciativa que surgió luego del fallido nombramiento de Pablo Piñera -hermano del Presidente- como embajador en Argentina.

El grupo -encabezado por los diputados Javier Macaya (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Andrés Molina (Evópoli), Karin Luck (RN) y Sebastián Torrealba (RN), entre otros- discutió los alcances de las medidas que buscan controlar “el ingreso, la estadía y la salida” de autoridades tanto del Ejecutivo como del Congreso.

Las ideas principales fueron presentadas por el ministro Blumel a los presentes en la reunión, para contar con distintas visiones sobre lo que finalmente será incluido en la propuesta que sería presentada la próxima semana. En la discusión, aseguran en el oficialismo, uno de los ejes fue fijar inhabilidades para parlamentarios que dejen el Congreso, y que posteriormente se desempeñen en el sector privado.

Específicamente para quienes, tras dejar su cargo, se desempeñen en empresas o instituciones que puedan verse afectadas por decisiones que se tomen en el Parlamento. Esto, considerando la información privilegiada con la que cuentan los legisladores salientes, además de la influencia que pudieran ejercer como lobistas en sus ex colegas.

Propuesta Engel

La propuesta actual que estudia el Gobierno -que considera planteamientos de la Comisión Engel- apunta a fijar inhabilidades mayores a las existentes para quienes se han desempeñado en altos cargos del Ejecutivo, inclusive hasta dos años. Normativa que podría extenderse a ex diputados y ex senadores. 

Blumel puso sobre la mesa el hecho de que los ex legisladores pudiera también tener un periodo de inhabilidad en consideración de la “ventaja adquirida” por ese cargo. Por ejemplo, si un diputado participó por años en la comisión de Minería, que tuviera inhabilidades para hacer lobby en el mundo privado minero.

La idea, sin embargo, no fue bien recibida por los parlamentarios de Chile Vamos. “Podría ser una medida con cierto nivel de lógica, pero al mismo tiempo genera incentivos perversos para quiénes pudieran llegar a trabajar al sector público o el Congreso, si después van a tener vetado por dos años desempeñarse en un área. Nos podríamos estar pasando de la raya con eso”, afirma un diputado oficialista.

En paralelo, la iniciativa también incluiría inhabilidades para quienes en el pasado hicieron lobby en representación del sector privado y que pretendan ingresar a instituciones públicas, vetando su contratación en por un periodo determinado para evitar conflictos de interés.

Asimismo, para quienes son autoridades del Estado, se busca profundizar en la obligación de transparentar los vínculos familiares entre funcionarios públicos -a través de sus declaraciones de intereses- y potenciar que sea el Servicio Civil el que viabilice ese tipo de contrataciones, con un criterio técnico. Esa ofensiva ha sido empujada principalmente desde Evópoli.

Ex diputados en el mundo privado

El ex diputado Pedro Browne (ex Amplitud) estuvo en su cargo por ocho años y participó en las comisiones de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales; Deportes y Recreación; y Defensa Nacional. Hoy está dedicado a las asesorías dentro de una reconocida inmobiliaria y dentro de sus gestiones tiene incluido relacionarse con autoridades del área para hacer precisiones sobre las regulaciones que se busquen establecer.

En ese contexto, Browne afirma que es “absolutamente ridículo que se busque regular el trabajo que uno puede tener cuando uno sale del Estado, porque todos necesitamos trabajar en nuestra expertiz”, recordando que ya existen mecanismos para transparentar las reuniones de lobby con autoridades.

“No pueden evitar que uno haga lo que sabe hacer. ¿Cual es el problema? ¡Cuál es el problema!”, agrega el ingeniero civil, afirmando que tanto una regulación de ese tipo para ex parlamentarios como para ex altos cargos del Ejecutivo es innecesaria.

Por su parte, el ex diputado Jorge Tarud -quien hoy está dedicado a la asesoría en comercio exterior a empresas privadas y que por años estuvo en la comisión de Relaciones Exteriores- afirma que las inhabilidades de este tipo corresponden a los altos cargos del Ejecutivo, pero que con un ex parlamentario “no tiene ningún sentido porque no tienen poder real regulatorio, a diferencia de lo que pasa con los gobiernos”.

Son varios los ex diputados que hoy se desempeñan en el mundo privado en áreas en que se desarrollaron durante su periodo en el Congreso. Osvaldo Andrade (PS), por ejemplo, junto al ex director del Trabajo Christian Melis, el ex subsecretario del Trabajo Francisco Díaz y el ex secretario general del PS Pablo Veloso, habilitó una oficina de abogados donde asesoran en materia laboral.

Allí guían en torno a negociaciones colectivas y soluciones al interior de las empresas, así como afianzar las relaciones laborales y hacer cumplir la nueva ley laboral que entró en vigencia el 1 de abril. Andrade participó por varios años de la comisión del Trabajo y, anteriormente, fue ministro del Trabajo y Previsión Social.