Sename aclara que fallecidos no estaban “al interior de centros” del organismo

A través de un comunicado de prensa, el Servicio Nacional de Menores (Sename) se refirió al oficio que hoy dio cuenta de que durante el primer trimestre del 2018 al menos 30 personas han muerto en dependencias de organismos colaboradores de la institución.

El oficio que fue emanado desde el Ministerio de Justicia, fue enviado a las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados. En el documento se menciona el deceso de 14 menores de edad, casos que ya han sido informados al Ministerio Público.

Ante esto, el Sename declaró que “no se trata de fallecidos “al interior de centros del Sename”, ya que la mayoría de ellos estaban en programas ambulatorios (área de protección) o cumpliendo una sanción en libertad (justicia juvenil), lo que significa que vivían en sus casas y estaban a cargo de sus redes familiares”.

Además señaló que “cada uno de estos casos y sus detalles fue informado al Tribunal de Familia o de Justicia, según correspondía, y fue denunciado ante el Ministerio Público, con el fin de que se determinen las posibles responsabilidades”.

Añade que dentro de los 11 menores fallecidos dentro del área de protección “hay 8 que asistían a programas ambulatorios, es decir, que vivían al cuidado de sus redes familiares. Otros 3 fallecidos estaban bajo el cuidado de residencias de organismos colaboradores, 2 de ellos en recintos para personas con discapacidad severa y 1 corresponde a un recién nacido con extrema prematurez. No hay fallecidos que hayan residido en centros de protección administrados por el Sename”.

Además explica que “los adultos que fallecieron en el área de justicia juvenil, corresponden a personas que cometieron delitos mientras eran menores de edad, y cumplían alguna sanción de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”

“Cinco de ellos fallecieron mientras cumplían medidas en libertad, y en su mayoría murieron de manera violenta por intervención de terceros. El régimen semicerrado es una sanción que implica que el condenado debe dormir en un centro que funciona especialmente para estos fines, y el adulto que falleció bajo este régimen no estaba al interior del centro”, explicaron.