Caso Riggs: Lucía Hiriart pide anular fallo que ordenó el decomiso de U$5,1 millones y bienes de Pinochet
Según Rodríguez y Rabat, su petición se debe "a la filtración de antecedentes a los medios de comunicación social ‘con anterioridad a la determinación del tribunal que conoce del juicio’”.
Lucía Hiriart pidió anular el fallo de la Corte Suprema que ordenó el decomiso de 5,1 millones de dólares y bienes del dictador Augusto Pinochet, en el marco del caso Riggs.
El pedido fue presentado el pasado 28 de junio a través de sus abogados Pablo Rodríguez Grez y Fernando Rabat Celis, consignó The Clinic.
Según Rodríguez y Rabat, su petición se debe “a la filtración de antecedentes a los medios de comunicación social ‘con anterioridad a la determinación del tribunal que conoce del juicio’”, en referencia a las publicaciones de La Tercera y El Mercurio del sábado 23 de junio.
Junto con ello, aseguran que dos días después de este hecho, la Corte Suprema “manifestó su preocupación”, apuntando que “la ley dispone la reserva de los acuerdos como parte de un conjunto de prescripciones (…)” y que su fin “no es otro que cautelar el ámbito de discusión en que ella se adopta, cuya integridad importa preservar como garantía de independencia en la decisión de lo debatido”.
De este modo, los defensores de Hiriart recalcan que se vulneraron “las normas de los acuerdos” desde dos aspectos: “una de carácter constitucional, puesto que se ha afectado la independencia en la decisión de lo debatido”, y otra “de carácter legal, ya que de acuerdo con el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales (…) los acuerdos se celebrarán privadamente, situación que, en este caso, conforme a las publicaciones de prensa y a la luz de lo resuelto por el Tribunal Pleno, se ha violentado”.
Así, aseguran que “se causa un agravio a nuestra representada que solo puede ser enmendado mediante la declaración de nulidad que se impetra, puesto que no se respetan las garantías establecidas en la Constitución y la ley, para que la sentencia se funde en un proceso previo legalmente tramitado, al no haberse respetado las normas reguladoras de la vista de la causa y de los acuerdos que adoptan los Tribunales colegiados”.
Además, piden se vuelva “la causa al estado de darse inicio a su vista, integrándose la sala respectiva por ministros no inhabilitados”.
