Contraloría detecta irregularidades del Ministerio de la Mujer en programas de protección a víctimas de violencia
Se identificaron gastos rendidos por entidades ejecutoras por un total de $5.051.622, que no se encuentran debidamente acreditados. Esto, entre enero y diciembre de 2017.
“Incumplimientos en la ejecución del programa Atención y/o Protección de la Violencia contra las Mujeres (APR-VCM) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg)”, detectó un informe de la Contraloría General de la República, fechado en julio de este año y que analizó el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Esto, durante la administración de la ex ministra de la cartera, Claudia Pascual.
Según se establece el ente contralor, el Sernameg Metropolitano suscribió un total de 39 convenios de transferencias con entidades públicas y privadas -en calidad de ejecutoras-, durante el año 2017 que significaron recursos por un total de $2.665.744.821.
De dicha cifra, se analizaron más de $461 millones, equivalente a un 17,3% del total de transferencias, correspondiente a los cuatro convenios con mayor cantidad de recursos transferidos, los que corresponden a Centros de la Mujer, casas de acogida, casas para mujeres vulneradas por la trata de personas migrantes en situación de explotación; y centro de atención y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual.
En concreto, los convenios examinados corresponden a las entidades ejecutoras Municipalidad de Maipú (Centro de la Mujer), Vicaría de la Pastoral Social (Casa de Acogida), Corporación ONG de Desarrollo Raíces (Casa de Trata) y Fundación León Bloy (Violencia Sexual)
Así, Contraloría pudo determinar diversos incumplimientos a las obligaciones que el Sernameg Metropolitano asumió en los convenios suscritos con las entidades ejecutoras del programa en estudio.
Incumplimientos
Las faltas se relacionan principalmente al incumplimiento de la cantidad mínima de supervisiones en terreno, falta de emisión y entrega de informes por parte de las entidades ejecutoras, y no realización de acciones de inducción y de trabajo regional.
Al respecto, se establece en el informe que el servicio deberá “ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de parte de los funcionarios implicados. Ello, sin perjuicio de que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a las obligaciones formalizadas en los convenios suscritos con las entidades ejecutoras del programa de que se trata”.
Platas sin acreditar
Además, en el mismo informe de Contraloría, se identificaron gastos rendidos por entidades ejecutoras y aprobados por el Sernameg, por un total de $5.051.622, que no se encuentran suficientemente acreditados.
Respecto a estos montos, Contraloría dictaminó que se deben rendir o bien solicitar su reintegro por parte de las entidades ejecutoras. “En caso de no concretarse lo solicitado, esta Entidad de Control evaluará el inicio del correspondiente juicio de cuentas. (…) Sin perjuicio de lo anterior, la entidad deberá asegurar, en lo sucesivo, que las rendiciones presentadas por las entidades ejecutoras incorporen todos los antecedentes necesarios para acreditar los montos rendidos”, se lee en el informe final.
Contraloría detectó además que “el servicio auditado no acreditó en la ejecución del programa APR VCM haber considerado un acceso preferente para los usuarios del Subsistema ‘Seguridades y Oportunidades'”. El cual está consagrado en la ley que crea el Ingreso Ético Familiar y establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema. Así, se establece que tendrán acceso al Subsistema las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza extrema, según sean calificadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
“En razón de lo anterior, la entidad deberá ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de parte de los funcionarios involucrados en los hechos señalados. Asimismo, deberá adoptar medidas concretas destinadas a asegurar el referido acceso preferente, respecto de lo cual deberá informar en el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”, señala el documento de Contraloría.
En paralelo, se identificó falta de personal especializado para atender a migrantes que no hablan español, observación que deberá ser subsanada por el servicio para que el programa en estudio, principalmente en las casas de acogida, pueda cumplir cabalmente con sus objetivos.
