Carabineros investiga posibles “fallas administrativas graves” en comisaría de San Joaquín
Una de las aristas que se indagan tienen que ver con un presunto pago irregular a funcionarios policiales por parte de una empresa dedicada al retiro de vehículos.
Esta mañana, Carabineros anunció que se está llevando a cabo una investigación en la 50ª Comisaría de San Joaquín, por presuntas irregularidades en las que habrían estado involucrados algunos funcionarios de dicha unidad policial.
“Son faltas que tienen que ver con procedimientos que no se han ejecutado con las rigurosidades, con los procedimientos establecidos y que dan lugar a esta sospecha del mando de la unidad que después junta una circunstancia con otra y que le permiten dar las cuentas administrativas y judiciales con objeto que se investiguen”, explicó el general Enrique Bassaletti.
Una de las aristas que se indagan tienen que ver con un presunto pago irregular a funcionarios policiales por parte de una empresa dedicada al retiro de vehículos. “Es una arista que está en materia de poderla precisar. Pero no hay una denuncia, no hay nada concreto”, agregó el general, indicando que “alrededor de 10 personas están siendo sometidas a investigación, lo cual no quiere decir que estas personas tengan algún grado de responsabilidad sobre estos hechos”.
“El cuestionamiento es un reproche interno, aquí al menos hay fallas administrativas graves y ya veremos si hay responsabilidades de mayor envergadura”, acotó.
Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió al caso y afirmó que “esto surge a partir de una denuncia que hace el propio prefecto de la comisaria de San Joaquín. A partir de esa denuncia se inicia el procedimiento interno que corresponde, que es la investigación sumaria y la información al fiscal militar”.
“Hoy hable con el general Director, me informó al detalle de esta situación y, por supuesto, esto está en manos tanto de la investigación administrativa como de la fiscalía militar, para esclarecer los hechos”, dijo, según publicó La Tercera.
“El gran patrimonio que tienen nuestras instituciones policiales es su credibilidad, por lo cual si se determina que hay responsabilidades de cohecho o de otro tipo se debe aplicar el máximo rigor de la ley”, concluyó.