Moreno y Munieres: los ex fiscalizadores investigados por el fraude de Carabineros que iniciaron la crisis en Contraloría
Durante su paso por Contraloría, Juan Munieres habría generado un estrecho vínculo con la subcontralora Dorothy Pérez, quien fue citada a declarar en el marco del fraude de Carabineros. Jorge Bermúdez le solicitó la renuncia, a lo cual su subalterna se negó, desatando una disputa interna en el entre contralor. Todo, mientras dos funcionarios son investigados por lavado de activos, cohecho y malversación de fondos públicos.
Una carrera que comenzó en 1976 en la Contraloría, culminó en tribunales para Juan Munieres Villegas, ex fiscalizador que es investigado por el fiscal Eugenio Campos en el denominado fraude de Carabineros, por los eventuales delitos de lavado de activos, cohecho y malversación de fondos públicos.
A partir de 2005, Munieres se desempeñaba como auditor de las Fuerzas Armadas y Carabineros, contexto en el que habría establecido una relación de cercanía con uniformados acusados de participar en la malversación de fondos públicos por más de $22.500 millones.
En función de ese vínculo, el “Chico Munieres” como era conocido por Carabineros según las declaraciones realizadas por los imputados ante tribunales, no habría ejercido su rol fiscalizador para evitar el fraude. En concreto, según la declaración judicial del coronel Carlos Cárcamo Bravo, jefe de gabinete del general Iván Whipple, “(Munieres) cuando iba a auditar tapaba o manejaba las auditorias”.
Entre 2005 y 2007 Munieres se desempeñó como jefe de la unidad de defensa de la División de Auditoría Administrativa. Posteriormente, en 2009 asumió como supervisor de la Administración General de Interior, Justicia y Defensa. En tanto, en 26 años realizó seis auditorías a Carabineros, de las cuales dos fueron a la Intendencia de la institución.
Según datos de Transparencia de Contraloría, el fiscalizador formaba parte de la División de Gabinete del Contralor General, con un grado 9 en la escala de la planta de profesionales. El último mes en que se registra en el sistema es el 31 de marzo de 2017, con el pago de una remuneración bruta aproximada de $3.560.177.
Durante su labor al interior de la entidad fiscalizadora, Munieres habría generado un estrecho vínculo laboral con la subcontralora Dorothy Pérez, quien fue citada a declarar por la fiscalía en el marco de la investigación de este caso.
Esta situación como su dependencia jerárquica habría provocado que el contralo general Jorge Bermúdez le solicitara la renuncia, a pesar de los fuertes lazos de confianza que había entre ambos y el apoyo que Bermúdez entregó a Pérez en una primera instancia. A esta solicitud, Pérez se negó, desatándose así un conflicto al interior de la entidad fiscalizadora.
Por su parte, el segundo investigado por esta causa es el ex fiscalizador Carlos Moreno Valenzuela, quien se desempeñaba desde abril de 1994 en la Contraloría.
Moreno era parte del Departamento De Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas, y contaba hasta marzo del año pasado con un grado 12, equivalente a una remuneración de $2.557.562.
Tanto a Moreno como a Munieres el contralor Bermudez les solicitó la renuncia en abril de 2017 cuando se conocieron los primeros antecedentes que los vinculaban a la investigación penal a la Dirección de Finanzas de Carabineros, al ser mencionados por el teniente coronel (r) Patricio Morales, uno de los ex oficiales formalizados.
Dos meses después, ambos ex funcionarios prestaban declaración ante el fiscal Campos imputados por este caso.
Entre las diligencias pendientes en la investigación estarían las que determinen qué tan eficaces fueron los controles de los fiscalizadores respecto a los movimientos financieros de Carabineros. Asimismo, el fiscal Miguel Angel Orellana informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que se indagan las cuentas corrientes de los ex funcionarios para determinar si hubo traspaso de fondos.
En entrevista con La Tercera en junio del año pasado, Munieres se defendió señalando que una vez que se conocieron los antecedentes que lo vinculaban con la investigación “me llamaron y me dijeron que el contralor quería hablar conmigo. Él lo único que quería saber era si yo había recibido dineros o bienes de Carabineros, entonces yo le respondía que no había recibido ninguna cosa. Entonces él me dice, ‘bueno, comprenda que esto es para salvar el prestigio de la Contraloría'”.
Dijo además que los persecutores “no tienen antecedentes de ningún pago o alguna compra mía vinculada a esto, nada, porque no las hay, yo nunca he tenido nada que ver con esto”.
En paralelo, respecto a la relación con los uniformados investigados señaló que “conocí al general (r) Flavio Echeverría (ex jefe de Finanzas de Carabineros) solamente por razones protocolares. Y al general Iván Whipple, (antecesor de Echeverría) con quien tuvimos una cercanía mayor, pero laboral, por mi labor como jefe de departamento, pero no hay ninguna amistad, ni nada por el estilo”.