Gobierno prepara modificaciones para ley que regule máquinas tragamonedas
Uno de los autores de la iniciativa, el independiente Carlos Bianchi, aseguró estar a favor de que la actividad se elimine de raíz, pero pidió realismo respecto de la existencia en nuestro país de esta actividad ilegal
El Ejecutivo definirá en los próximos días el funcionamiento de máquinas tragamonedas no incluidas en Ley de Casino, cuando la investigación del Ministerio Público coincide con arista política se encuentra bastante avanzada por la Fiscalía Oriente.
El pasado 22 de agosto, la comisión de Gobierno del Senado aprobó de manera unánime la idea de legislar, pero fue recién el miércoles 19 de septiembre cuando se conoció que el Ministerio de Hacienda ya está preparando una fórmula para intervenir el proyecto que en 2013 ingresaron cuatro senadores.
Uno de los autores de la iniciativa, el independiente Carlos Bianchi, en declaraciones con radio Bío Bío, aseguró estar a favor de que la actividad se elimine de raíz, pero pidió realismo respecto de la existencia en nuestro país de esta actividad ilegal.
Juan Carlos Manríquez, abogado de la Asociación Chilena de Casinos, indicó que es necesario ponerle un atajo al perjuicio que esta sufriendo la industria, debido a que el 85% de los ingresos que ingresa a los casinos legales viene desde las máquinas tragamonedas.
“Es innegable el enorme perjuicio que esta industria ha sufrido durante años por la manutención y/o tolerancia del juego ilegal” agregando además, “muchos inversores nacionales y socios extranjeros tuvieron en cuenta reglas del juego económico claras, una de las cuales era la impedicion de que se ejerciera ilegalmente el comercio del azar, el juego y la apuesta fuera de los casinos legales”.
Sin embargo, la decisión está en manos del Ministerio de Hacienda, donde se prepara un protocolo para intervenir en el proyecto que en 2013 ingresaron los cuatro senadores Ximena Rincón, Fulvio Rossi, Carlos Bianchi y Jaime Quintana y que este año se aprobó en general en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.
Mientras, desde los municipios se muestran divididos respecto de la decisión de legislar esta actividad, que señalan “afecta gravemente la economía familiar -sobre todo- de los sectores que perciben menores ingresos”.
