Corte Suprema ordena pagar $280 millones a familiares de víctimas de la dictadura
Por violaciones a los derechos humanos, tanto en Pisagua, en 1973, como San Fernando en 1974, respectivamente.
La Corte Suprema confirmó las condenas al Estado de Chile a pagar $230 millones como indemnización a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto en Pisagua, en 1973, como San Fernando en 1974, respectivamente.
En el primer caso y en fallo unánime, la Sala Penal del máximo tribunal del país rechazó el recurso de casación en el fondo formalizado en contra de la sentencia que condenó al Estado a pagar la suma total de $180 millones a los familiares de Juan Antonio Ruz Díaz, ejecutado en octubre de 1973, en la localidad de Pisagua.
En la sentencia, los jueces explican que “es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho que el 29 de octubre de 1973, en la localidad de Pisagua, Región de Tarapacá, se realizó un Consejo de Guerra y se resuelve condenar a muerte a Juan Antonio Ruz Díaz, que a la sazón se encontraba privado de libertad en el campo de prisioneros existente en ese lugar, y como consecuencia de la decisión, es ejecutado (…), sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos y comprobarse su deceso” dice el fallo.
En el segundo caso, la Sala Penal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que condenó al fisco a pagar $50 millones a la cónyuge de José Victorino Martínez Rojas, quien falleció en julio de 1974, tras ser sometido a apremios ilegítimos en cuartel de la Policía de Investigaciones de San Fernando.
En la misma línea, el fallo aclara que “es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho que en el mes de julio de 1974, José Victorino Martínez Rojas fue abruptamente aprehendido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, trasladado al cuartel de esa agencia policial y allí sometido a sesiones de tortura, para luego ser trasladado a una unidad carcelaria en un deplorable estado de salud derivados en parte de los flagelos y de una enfermedad congénita, falleciendo el 27 de septiembre de 1974 en un hospital”.
En ambos fallos, la Sala Penal de la Corte Suprema estuvo integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm.
