Milicogate: decretan prisión para Jefe del Estado Mayor
Se trata de un viaje a Estados Unidos, en que el general Griffiths habría hecho uso de fondos asignados al personal para adquirir pasajes para él y su familia.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford decretó la prisión preventiva del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general John Griffiths, como autor presunto del delito de fraude al fisco en el uso de pasajes para viajar al extranjero.
El alto oficial está citado para este martes a las 16:00 horas al despacho de la ministra en visita Romy Rutherford, quien lo notificará de los cargos y su envío al Batallón de Policia Militar (BPM) en el Comando de Telecomunicaciones, en la comuna de Peñalolén.
Las irregularidades las habría cometido entre los años 2010 al 2015 y cuando ocupó el cargo de secretario general del entonces comandante en jefe del ejército, el general retirado Juan Miguel Fuente-Alba, quien enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude fiscal y se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Se trata de un viaje a Estados Unidos, en que el general Griffiths habría hecho uso de fondos asignados al personal para adquirir pasajes para él y su familia.
Según fuentes que conocen de la investigación, Griffiths a través de una agencia de viajes optó por un pasaje más barato del informado a la institución, con lo que la agencia de viajes se quedaría con un excedente de comisión y le devolvería al oficial cerca de seis mil dólares.
El caso, en lo que tiene que ver con ciudadanos civiles, es investigado por el fiscal Centro-Norte José Morales, quien mantiene una lista de seis agencias de viajes o turismo que prestaron servicios a personal del ejército, tanto oficiales como suboficiales.
Por orden del actual comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, se elaboró un informe sobre el reglamento que utilizan las Fuerzas Armadas, y no sólo esta institución, para la compra de pasajes al extranjero.
Se trata del “Reglamento de Pasajes, Fletes y Carga para las Fuerzas Armadas” que data desde 1982.
En el informe, de 65 páginas, se propone que éste “requiere ser actualizado y modificado, dado lo anacrónico de sus disposiciones y su insuficiencia en la determinación del contenido de los derechos del personal comisionados al extranjero”.
En la investigación de la ministra Rutherford se encuentran procesados dos coroneles y un capitán, quienes enfrentaron también la medida cautelar de la prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
