Caso Ascar: Ministerio de Justicia pagó $3 millones por “Power Point” y Gómez se desliga
Gómez también fue consultado por personas a quienes él propuso para trabajar en el ministerio y se desempeñaron en el programa Ascar. Incluso, algunos luego trabajaron con él cuando asumió como ministro de Defensa.
El ex-ministro José Antonio Gómez (PR) apuntó al ex-subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz (DC) como el responsable de las contrataciones en el polémico programa Ascar, en el Servicio Nacional de Menores, en su interrogatorio a la Fiscalia, donde se descubrió que se pagaron millonarios montos por láminas del programa de presentación “Power Point” de Microsoft Office.
Según La Tercera, en 13 carillas, José Antonio Gómez, ex-ministro de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, entregó su declaración en calidad de imputado ante el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, el 29 de octubre.
Este último investiga un presunto fraude al Fisco por el mal uso de los recursos asociados al programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (Ascar) del Servicio Nacional de Menores (Sename), plan que buscaba mejorar las condiciones de los niños que estaban en los hogares de la red.
Una de las materias abordadas por el persecutor apuntaron al uso de los recursos del programa. “Todos los contratos por producto fueron extraños. Hay un señor García al que le pagaron $ 3 millones, sobre computación, le preguntan qué es Ascar, y dice que es para monitorear las donaciones a privados, y a nadie le llamó la atención. En un mes le pagaron $ 6 millones”, detalló Gómez.
Dijo que “a otro señor, Jonathan Guzmán, le pagaron $ 3 millones en un mes, en diciembre de 2013, por un PPT (Power Point). A otra señora, Pamela Romero, la contrataron para hacer un catastro de entidades públicas y privadas de los niños y le pagaron $ 1,5 millones. También están Ángela Chaparro, Ignacio Barceló Carillo, (a quienes) les pagaron por leer los focus group $ 3 millones. Nicolás Larraguibel en similar situación. Lo que quiero decir es que es raro que no se investiguen estos temas, porque son bien complejos”.
Gómez apuntó a la responsabilidad del ex-subsecretario de Justicia Marcelo Albornoz en estos casos.
“Había varios hallazgos en la auditoría final efectuada al programa Ascar. Entre ellos, recuerdo que se levantó la contratación de personas bajo cargo Ascar, pero que desempeñaban funciones en otros departamentos, y respecto de la cual se sugirió al subsecretario instruir sumario. Lo cual finalmente no hace Albornoz”. Agregó que el subsecretario era el responsable “de la utilización de los recursos”.
Ante esto, el fiscal le preguntó a Gómez: “¿Usted, al tomar conocimiento de este informe, adoptó alguna medida como ministro?”, a lo que Gómez le dijo: “Vuelvo a insistir, esto era reporte y responsabilidad del subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz”.
En este contexto, Emilfork le preguntó al exministro: “¿Quién controlaba el cumplimiento de las funciones por parte del subsecretario de Justicia?”. Gómez señaló: “Mi respuesta es que es la Presidenta de la República y también yo como ministro, pero él no tenía dependencia jerárquica conmigo”.
Gómez también fue consultado por personas a quienes él propuso para trabajar en el ministerio y se desempeñaron en el programa Ascar. Incluso, algunos luego trabajaron con él cuando asumió como ministro de Defensa.
Sin embargo, en estos casos el ex-ministro explicó que para ser contratados para Ascar pasaron por un proceso administrativo regular de ingreso. Por ejemplo, dijo, “en el caso de Gabriel Guzmán, lo conocía con anterioridad al programa Ascar, porque fue parte del equipo que me acompañó en la campaña presidencial. Esto no significa que haya hecho uso de un acto ilegal, simplemente lo invité y el proceso administrativo ve que ingrese”. A la actriz Ana María Gazmuri, dijo Gómez, “le propuse participar en el desarrollo del programa Ascar”. Agregó que “la idea era que ella como figura pública convocara a la participación de este proceso”.
Consultado el abogado de Gómez, Juan Carlos Manríquez, indicó que “sobre la diligencia no puedo dar detalles, porque se trata de una investigación reservada. Solo debo manifestar que se han puesto a disposición de la fiscalía todos los antecedentes, registros y datos requeridos, incluso alzado el secreto informático para despejar toda duda”.
