Ejército reconoce que ascendió de rango a funcionarios procesados por fraude al fisco
La información es parte de un informe reservado a la Corte de Apelaciones de Santiago.
El 23 de noviembre pasado ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago un informe reservado del Ejército, donde la propia institución reconoce y confirma que ascendió de rango a funcionarios que se encontraban procesados por fraude al fisco, justificándolo por una supuesta “falta de información”.
Estos antecedentes son revelados en medio de la polémica que provocaron los dichos del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, luego de filtrarse un audio de un presentación que realizó ante 900 oficiales en la cual asumió que existían uniformados que habían vendido armas a narcotraficantes.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso La Tercera, el texto se presentó como respuesta a un recurso de protección interpuesto por el capitán Rafael Harvey Valdés, quien denunció una supuesta “red de protección a la corrupción”. De hecho, Harvey ha sido acusado de ser autor de la filtración del audio publicado por The Clinic con los dichos del general Martínez.
El documento de 11 páginas, firmado por Alejandro Villagra Ramírez, Jefe de Estado Mayor del Comando General del Personal Subrogante, hace mención a los cuatro casos que Harvey expuso en el recurso donde denuncia un “actuar ilegal y arbitrario” de las instancias evaluadoras de dichos ascensos.
El primer caso es del teniente coronel Nelson Cantillana, quien fue ascendido al grado de mayor el pasado 1 de enero de 2011, pese a que al momento de su ascenso, en octubre de 2008, estaba procesado por fraude al fisco por una suma cercana los 44 millones de pesos. Desde la institución reconocieron que cuando ascendió a mayor efectivamente se encontraba en circunstancias que técnicamente no lo permitían.
Lo mismo ocurrió con el caso del excabo primero Heriberto Cortez, quien con fecha 1 de enero de 2015 recibió la noticia de su ascenso mientras estaba en prisión preventiva producto de un procesamiento por una defraudación que supera los 250 millones de pesos.
La sargento segundo Jacqueline Carrasco también es parte de la denuncia, debido a que fue sometida a proceso por dos delitos que estarían vinculados al bullado caso Milicogate. El cuarto caso presuntamente irregular corresponde al coronel Rafael Villarroel Opazo -hermano de quien debió dejar la dirección de la Escuela Militar tras el polémico homenaje al condenado Miguel Krassnoff-. Se aclaró que fue ascendido el 1 de diciembre de 2014, cuando ya se le había revocado el procesamiento.
