Solo llegaron dos diputados: comisión por irregularidades en pensiones se suspende por falta de quórum
Mientras cinco parlamentarios llegaron atrasados a la sesión, los otros seis diputados simplemente no se hicieron presentes en la instancia.
La comisión investigadora por la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia debió suspender su tercera sesión por falta de quórum, ya que solo se encontraban dos diputados presentes: la presidenta Gael Yeomans (FA) y el UDI José Ramón Barros.
Si bien Karol Cariola (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Raúl Soto (DC), Andrés Celis (RN) y Karin Luck (RN) llegaron atrasados, el resto de los integrantes: Nino Baltolu (UDI), Juan Luis Castro (PS), Marcos Ilabaca (PS), Cosme Mellado (PR), Guillermo Ramírez (UDI) y Frank Sauerbaum (RN), simplemente no se hicieron presentes.
Esto, mientras se esperaba que en la sesión se hicieran presentes el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y el presidente de la Fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro, quienes contrastaron versiones sobre el conocimiento de la Superintendencia sobre estas irregularidades.
Y es que por su parte Macías planteó que la SP no recibió denuncias formales sobre los mecanismos usados por las AFP para rechazar la entrega de las pensiones de invalidez, Pizarro sostuvo que existen antecedentes que dan cuenta de lo contrario.
Ante esta disyuntiva, la diputada Yeomans expresó a The Clinic que “la información no es transparente, si no tenemos los casos que realmente se han recibido por parte de la superintendencia, no podemos trabajar”.
“Nos parece sumamente grave, porque en esta sesión nos dio la impresión de que el superintendente intentó decir que los casos no eran tan graves, que la situación no era tan compleja, sin embargo, nos damos cuenta que la autoridad respectiva no nos dice todo lo que pasó, según los antecedentes presentados por la Fundación Valídame”, argumentó.
La comisión investigadora fue anunciada luego que Fundación Valídame diera cuenta del procedimiento desarrollado por AFP Provida, llamado “control de siniestralidad”, con el cual se cuestionaban las solicitudes de pensión de invalidez y así poder mantener un bajo índice de pago.
