Fiscalía Centro Norte investiga acceso no autorizado a correos de subcontralora

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió el jueves 13 pasado una investigación penal para establecer si existió o no delito en el acceso -sin autorización- a la casilla de correos de la subcontralora Dorothy Pérez y otros funcionarios, en el marco de un sumario administrativo que ordenó el contralor Jorge Bermúdez.

Según informa hoy La Tercera, la causa criminal se originó luego de que el abogado Aldo Díaz, representante de la subcontralora, presentó una denuncia ante hechos que revestirían carácter de delito y que la misma Dorothy Pérez decidió poner en conocimiento de la fiscalía.

Hasta el momento, la fiscal asignada es Giovanna Herrera, aunque lo más probable es que por el carácter de la denuncia pase a manos de la Unidad de Alta Complejidad.

Los delitos que se investigarán son aquellos que sancionan la apertura, registro y difusión ilegal de los correo de Pérez, de las exsubcontraloras Patricia Arriagada y Sonia Doren, y de otras cinco personas.

En las comunicaciones habría, aparte de información de causas de Contraloría, datos médicos privados de una de las involucradas. Una de las diligencias que se bajara es citar al exjefe de Informática Luis Lara, quien se habría opuesto a abrir los correos.

Esta causa penal complejiza aún más los ánimos al interior de Contraloría, luego de que la Corte Suprema restituyó a Pérez en su cargo de subcontralora tras declarar que la destitución ordenada por Bermúdez fue ilegal.

El diario también consigna que Bermúdez dijo recientemente que era “legal” el uso de correos en el sumario. Sin embargo, La Tercera menciona que hay un fallo del Tribunal Oral de Antofagasta que el Ministerio Público está revisando y que es contrario a la visión del contralor.

En la sentencia (RIT 196-2008) se establece que la Contraloría no puede -sin autorización de la persona o de un juez de la República- acceder ni manipular correspondencia interna.

“No parece sensato pensar que, en el marco de una mera investigación administrativa, el fiscalizador de la Contraloría General de la República tenga mayores atribuciones que las que un fiscal adjunto del Ministerio Público tiene en el marco de una instrucción criminal, verdadero contrasentido dada la mayor afectación social que encierra la comisión de un hecho delictivo, en donde, además, de ninguna manera se puede prescindir de las autorizaciones judiciales pertinentes”, señala dicho fallo.