Contraloría formó unidad especial para denuncias de funcionarios públicos
En una primera etapa, sólo se atenderán los reclamos de aquellos funcionarios que se rigen por la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo General.
La Contraloría General de la República presentó la nueva Unidad de Protección de los Derechos Funcionarios, área encargada de tramitar los reclamos de quienes trabajan en la administración pública cuando han sido afectados sus derechos.
A la actividad asistieron representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación Nacional de Empleados de la Contraloría (ANEC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otros.
El contralor Jorge Bermúdez señaló que la institución que dirige se está haciendo cargo de un vacío existente en la materia. Esto, porque si bien el estatuto administrativo ha sufrido modificaciones, desde su creación hace 30 años, los empleados públicos tienen escasos mecanismos para manifestar sus demandas.
“En esta unidad, podrán reclamar a través de un procedimiento claro, con plazos establecidos, y con una tramitación que esperamos pueda dar solución a esos problemas, y obtener la protección de los derechos afectados”, explicó el contralor.
Por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, destacó la iniciativa y señaló que “nos parece potente el anuncio del Contralor en un contexto en el que ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de tutela laboral y se le dé un espacio de garantía y certeza a los funcionarios de que sus requerimientos serán atendidos”.
En tanto, el presidente de la ANEF, José Pérez, señaló que “celebramos esta nueva herramienta y estamos disponibles para colaborar a difundirla y que pueda ser utilizada”.
Las solicitudes se podrán realizar en la sección Atención de Reclamos Funcionarios en el portal de la Contraloría www.contraloria.cl, las 24 horas.
En una primera etapa, sólo se atenderán los reclamos de aquellos funcionarios que se rigen por la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo General, para incorporar paulatinamente al resto de los servidores públicos que se rigen por el Estatuto Municipal o el Estatuto Docente, entre otros.
