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17 de Enero de 2019

Piden investigar penalmente a ejecutivos de Provida que pagaban por cambios

Liderados por Luis Mesina, los dirigentes de la coordinadora pidieron que la Contraloría oficie al superintendente de Pensiones.

Por Redacción EL DÍNAMO
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP presentó una petición a la Contraloría para que se conozcan los nombres de los ejecutivos de Provida que incurrieron en las irregularidades que llevaron a multar a esa administradora en 5.000 UF, la más alta de la industria hasta el momento.

Liderados por Luis Mesina, los dirigentes de la coordinadora pidieron que la Contraloría oficie al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para que entregue a la fiscalía la información de los involucrados en la malas prácticas que llevaron a esa sanción de 138 millones de pesos.

Para cursar esta multa, explicaron, la superintendencia realizó un proceso de investigación y estableció que los ejecutivos de ventas de esta administradora ofrecían dinero a los afiliados de otras AFP para cambiarse.

Además, realizaban traspasos no consentidos mediante falsificación de firmas y realizaban suplantación de identidad por medio del uso de claves de seguridad web de afiliados de la competencia. “Es decir, realizando una práctica abiertamente delictual”, afirmaron.

“Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP, no cabe duda que esta es una estrategia diseñada por los altos ejecutivos de AFP Provida, partiendo porque las estrategias comerciales se diseñan en el seno de la intitución”, añadieron.

Por lo mismo, la petición a la Contraloría es que oficie a Macías para que entregue al Ministerio Público los nombres de todos los altos cargos dirigenciales de esta AFP que implementaron estas prácticas, se investiguen estos hechos y sancione penalmente, de llegar a la conclusión que se les imputa un delito.

Finalmente, aseguraron que tratándose de un delito de acción pública, es obligación de un funcionario público como el superintendente erntregar estos antecedentes al Ministerio Público y “es absolutamente legítimo el solicitar que dé los nombres y apellidos para seguir este proceso”.

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