Proyecto de simplificación regulatoria busca derogar 100 leyes obsoletas
"El exceso de regulación, el exceso de reglamentos, muchas veces contradictorios, que se sobreponen, no hace bien, sino que causa daño”, aseguró el Mandatario.
Sebastián Piñera lanzó este lunes la agenda de simplificación regulatoria que busca impulsar la productividad y competitividad en el país, para lo cual firmó un proyecto de ley, además de dos instructivos presidenciales.
En la ceremonia, el mandatario sostuvo que “el exceso de regulación, el exceso de reglamentos, muchas veces contradictorios, que se sobreponen, no hace bien, sino que causa daño”.
En ese sentido, explicó que Chile encabeza el ranking de la OCDE como el país con la mayor complejidad regulatoria. La causa de ello está en las más de 300.000 normas que están vigentes en nuestro país, entre las que se cuentan leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos y otras regulaciones de rango inferior.
Añadió que esto redunda en un exceso de burocracia que atenta contra la productividad y competitividad del país, pues produce ineficiencia en el empleo de los recursos, junto con encarecer y, sobre todo, desincentivar el emprendimiento y la actividad económica en general.
“Por eso hemos decidido limpiar, simplificar y achicar la verdadera maraña de normas, disposiciones y regulaciones que afectan prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano”, afirmó el Presidente Piñera, junto con señalar que este exceso de normativas “termina ahogando y reprimiendo la capacidad de innovar y de emprender que vive en el alma de todos los chilenos”, indicó el jefe de Estado.
El mandatario señaló además que “si Chile pudiera simplificar sus procedimientos, de acuerdo a lo que han logrado en promedio los países de la OCDE, significaría un aumento de hasta un 50% en la inversión extranjera y también un aumento muy significativo en la inversión nacional”, además de un incremento de la actividad en general, la innovación y el emprendimiento.
“CHILENOS SIENTEN PESO DE BUROCRACIA”
Por su parte, el ministro de Economía, José Ramón Valente, afirmó que “muchos chilenos sienten el peso de la burocracia excesiva que tiene el Estado. De hecho, organismos internacionales han dicho que Chile se ha transformado en un país burocrático en el último tiempo y nosotros queremos dar cuenta de eso, queremos solucionar eso”.
El titular de Economía graficó que “Chile tiene 300.000 regulaciones y solo el 2010 teníamos 110.000. O sea, en 200 años de historia generamos 110 mil regulaciones y en los últimos 18 años hemos generado dos tercios de esas regulaciones para llegar a 300 mil”.
“Esta verdadera inflación de normativa tiene un poquito agobiadas a las Pymes, tiene agobiado al ciudadano que tiene que supuestamente conocer estas regulaciones”, recalcó Valente.
El proyecto de ley firmado esta mañana por el Presidente Piñera, apunta a derogar 100 leyes creadas hasta el año 1927, que el Congreso ha derogado tácitamente mediante legislación posterior, o bien se trata de normativa que hoy resulta inaplicable, está en desuso u obsoleta.
La iniciativa, además, exigirá que todos los proyectos de ley deban señalar explícitamente las leyes que deban ser derogadas producto de la nueva normativa; creará una institucionalidad permanente de revisión y adecuación o derogación de las leyes vigentes cada cuatro años; y facultará a la Biblioteca del Congreso Nacional para producir las ediciones oficiales de la Constitución Política y los Códigos de la República, junto con ponerlas a disposición de la ciudadanía en formato digital y de forma gratuita.
INSTRUCTIVOS PRERSIDENCIALES
Además, el Presidente Piñera firmó un instructivo que ordena a todos los ministerios que los anteproyectos de ley, indicaciones o propuestas de reglamentos deberán señalar expresamente las leyes o normas que deban derogarse producto de esa nueva regulación.
También deberán agregar un mecanismo de evaluación permanente de la materia normada, sistema de consulta pública de a los menos 10 días, además de poner a disposición en las respectivas páginas web toda la regulación vigente de su sector y plataformas de opinión ciudadanas.
Asimismo, anualmente, los ministerios deberán informar a a la Secretaría General de la Presidencia acerca de toda normativa de alcance general cuya vigencia se sugiere revisar y disponer un plan al respecto. El cumplimiento de estas disposiciones deberá ser informado en la cuenta pública anual de cada repartición pública.
El mandatario también firmó un segundo instructivo presidencial que ordena incorporar las directrices de la “Guía Chilena para una Buena Regulación”, que apunta a asegurar un marco que promueva la productividad y competitividad, de tal forma de tener una nueva metodología para los informes de Productividad.
Estos informes pasarán a llamarse “Informes de Impacto Regulatorio”, poniendo énfasis en la importancia de la coordinación y consistencia de las regulaciones en el tiempo, identificando aquellas obsoletas y evitando duplicidades con otras normativas.
Toda nueva regulación tendrá una evaluación preliminar donde se determinará si existe impacto regulatorio. En ese caso, se emitirá Informe de Impacto Regulatorio, ya sea estándar o de alto impacto, dependiendo de la magnitud del costo regulatorio.
El proceso de detección de todas estas regulaciones y trabas burocráticas, así como también el desarrollo de políticas públicas para simplificar el proceso regulatorio en Chile, ha sido liderado por la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) del Ministerio de Economía.