Buscan modificar Ley de Armas: Máximo 2 por persona
Según el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Felipe Harboe, es importante un proceso de reinscripción, para que "todo ciudadano que tenga un arma inscrita legalmente deba reinscribirla con un plazo perentorio, o de lo contrario se entenderá como tenedor ilegal".
El Gobierno enviará al Congreso la próxima semana un proyecto que busca realizar una serie de modificaciones en la Ley de Control de Armas, con el objetivo de tener un sistema actualizado de la cantidad de armas inscritas, dado el aumento del poder de fuego de los delincuentes durante el último tiempo.
Se plantea agregar a la PDI como encargada de autorizar y supervisar el porte de estos elementos; se busca conocer el origen y destino de las armas; se establecerán mayores exigencias para la inscripción de armas; se permitirá la tenencia de hasta dos armas como máximo; y se exigirá contar las aptitudes psíquicas y físicas para tener armas, lo que será establecido por la autoridad sanitaria, a través de un examen con coordinación entre los ministerios de Salud y Defensa.
Según indicó a El Mercurio el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Felipe Harboe, dice que es importante un proceso de reinscripción, para que “todo ciudadano que tenga un arma inscrita legalmente deba reinscribirla con un plazo perentorio, o de lo contrario se entenderá como tenedor ilegal”.
El senador agrega que es necesaria la creación de lo que se denomina como “ADN balístico”; es decir, un registro con un sistema de trazabilidad de las armas y las municiones. Por lo que se pretende seguir la experiencia uruguaya “que ha logrado identificar no sólo el arma, sino también la trazabilidad de la munición, y por lo tanto, si se produce un homicidio, o un tiroteo, o alguna bala loca, esa bala está debidamente registrada, se sabe quién la compró, quién la importó, por qué paso fronterizo ingresó”.
Mientras el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Miguel Ángel Calisto, sostiene que se debe avanzar en “aumentar los requisitos para la adquisición e inscripción de armas, estableciendo nuevos deberes para los sostenedores y también sanciones mucho mayores para quienes incumplan. Por lo que planteó que se requiere “fortalecer una estructura orgánica que permita realmente fiscalizar las 700 mil armas privadas y las 800 mil del Estado”.
