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2 de Mayo de 2019

Sobrevivientes de abusos criticaron convenio entre la Fiscalía Nacional y la Conferencia Episcopal

Las organizaciones rechazaron cualquier "privilegio o trato especial" de los persecutores a los obispos. Aseguraron que quieren evitar llevar sus causas a tribunales internacionales.

Por Redacción EL DÍNAMO
Fiscalía y obispos
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La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos  y la Fundación para la Confianza criticaron el convenio firmado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, el que busca favorecer el desarrollo de las investigaciones por los abusos ocurridos al interior de la Iglesia.

En un comunicado, las organizaciones expresaron su “profunda preocupación” por el acercamiento del persecutor con la autoridad eclesiástica, afirmando que el acto jurídico no es necesario para una entidad del Estado que debe indagar las acusaciones.

No entendemos los beneficios que este convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia y nos parece más bien un lavado de imagen para los obispos chilenos, hoy sospechados y con razón de ser encubridores y partícipes necesarios de delitos que atentan contra los derechos humanos de miles de chilenos“, expresaron.

Las víctimas agregaron que “nuestras preocupaciones aumentan cuando sabemos que los obispos invitaron a firmar a las congregaciones religiosas actualmente investigadas y acudieron a la cita superiores de los Maristas, Salesianos y el Instituto de Padres Schoenstatt“.

Tras recordar los complejos procesos que debieron enfrentar con la justicia canónica, los denunciantes rechazaron que existan “privilegios” o “tratos especiales” de algunas entidades estatales hacia los religiosos.

La independencia del Estado de Chile queda en entredicho cuando se rubrican este tipo de documentos toda vez que quienes son contraparte tienen el voto de obediencia con el monarca de un estado extranjero“, señalaron.

Al final de su texto, las agrupaciones señalaron que quieren seguir confiando en las instituciones chilenas y “poder resolver nuestras causas dentro del territorio y que no se empuje a buscar justicia en tribunales internacionales”.

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