Contraloría cuestiona otorgamiento de beneficios carcelarios a reos de Punta Peuco
Ante esto, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de sumarios administrativos contra funcionarios de Gendarmería.
La Contraloría General de la República ordenó la apertura de sumarios administrativos contra funcionarios de Gendarmería, luego de detectar irregularidades en el otorgamiento de beneficios carcelarios a reos del penal de Punta Peuco.
Según informó Radio Bío-Bío, el organismo fiscalizador cuestionó los exámenes psicológicos realizados por Gendarmería a 4 exuniformados condenados por violaciones a los DD.HH., que solicitaban obtener la salida dominical.
Estos exámenes fueron practicados a Francisco Ferrer Lima, Carlos Herrera Jiménez, Basclay Zapata Reyes y Wellington Sarli Pose, quienes suman un total de 48 solicitudes de beneficios carcelarios, para los cuales es requisito realizar informes psicológicos para aprobar o rechazar su otrogamiento.
El documento de Contraloría afirma que “Gendarmería no aportó los antecedentes de respaldo que permitan constatar la aplicación de los instrumentos y/o herramientas en los cuales se sustentan los informes psicológicos de los internos”.
“Esto no hizo factible corroborar que a contar del 21 de abril de 2016 se esté evaluando la exigencia de arrepentimiento -requisito especial exigido en el artículo 97 inciso segundo del Reglamento Penitenciario, a fin de que soliciten beneficios quienes cumplan condenas por los delitos. Tampoco se remitieron antecedentes que corroboren la aplicación de otras herramientas de evaluación psicológicas que sirvieran de base para la emisión de los informes anteriores a dicha data”, señala el documento.
Además, se agrega que “Gendarmería deberá instruir un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los incumplimientos y falencias observadas, debiendo remitir a esta Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción de este documento, la resolución que ordene su instrucción y designe al investigador”.
El abogado Raúl Meza, defensor de varios reos de Punta Peuco, afirmó que “se les ha negado de forma ilegal y arbitraria todos los beneficios a los internos que están condenado por causas de Derechos Humanos”.
Además, agregó que “en ese contexto se justifica plenamente ejercer acciones legales, civiles, penales y también responsabilidades políticas de aquellas autoridades que tienen responsabilidad directa en estas graves irregularidades”.
No obstante, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, señaló que “no nos sorprende esta medida de la Contraloría, porque creo que a los abogados de los criminales de Punta Peuco se les han agotado las instancias para amedrentar, amenazar o buscar acciones de victimizar a los reos” del penal.
La investigación de la Contraloría fue solicitada por los reos Raúl Iturriaga Neumann, condenado por el crimen del general Carlos Prats; Miguel Estay Reino, ex militante comunista e informante de la DINA; y Carlos Herrera, ex agente de la CNI, que cumple pena por el asesinato del ex presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez.
