CPC y Asimet cuestionaron proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, cuestionó el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Swett afirmó estar en contra de la iniciativa que se tramita en el Congreso, ya que “no queremos que esto sea un mecanismo para reducir la remuneración”, según consigna Radio Bío Bío.

El presidente de la CPC señaló que sería un error enfocarse sólo en el tiempo libre de las personas, ya que el mercado laboral tiene varias aristas, como remuneraciones, los empleos y la formalidad de los mismos”.

“Los países en medida que se van volviendo desarrollados se van haciendo legislaciones que disminuyan las horas de trabajo, pero claramente esto equivale a un 11% de alza de costo para las empresas y eso nos preocupa porque el alza tiene efectos en el empleo”, agregó Swett.

Por otra parte, aseguró que la CPC no busca que los trabajadores trabajen muchas horas, ya que esto va en contra de la productividad y la salud de las personas.

Swett manifestó su preocupación por el “artículo 22 y la jornada semanal ininterrumpida, no le permitimos a hogares que están a cargo de una sola mujer que pueda trabajar mientras su hijo estudia o no le permitimos a un adulto mayor trabajar según su realidad física”.

Por lo mismo, explicó que la CPC propone modificar dicho artículo con una propuesta de trabajo por horas “pero con más seguridad”.

Asimet: “Bajar la jornada laboral a 40 horas semanales sería lapidario para las industrias”

El presidente de Asimet, Dante Arrigoni, expresó esta mañana su preocupación al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en relación al proyecto que se discute en el Congreso y que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, señalando que podría ser “lapidario”, considerando los bajos niveles de productividad y competitividad con los cuales trabaja la industria chilena.

Arrigoni se reunió esta mañana con el secretario de Estado a quien le representó las inquietudes del sector metalúrgico metalmecánico, y que dicen relación con la necesidad de consensuar políticas públicas que permitan la reindustrialización del país y volver a generar riqueza y nuevas fuentes de trabajo. En las últimas dos décadas se han perdido 250 mil empleos calificados por el cierre de las industrias.

“Ahora se pretende dar un duro golpe a este sector industrial si se reduce la jornada laboral. Lo acaba de decir un ex ministro de Hacienda afín a las ideas de quienes promueven esta legislación que bajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales representará un mayor incremento del 11% en los costos. En resumen, eso significará menos empleo porque habrá industrias que no podrán asumir esos mayores costos, con iguales estándares productivos”, señaló el dirigente empresarial.

Dante Arrigoni planteó al ministro de Economía que la menor jornada laboral será un mayor costo fijo que, sumado al proyecto de la reforma previsional de un 4% adicional para el empleador, puede poner a este sector industrial que representa el 10% del PIB en una condición crítica. “Quienes promueven estas ideas probablemente no han considerado los factores determinantes en la producción industrial, que es la productividad. Chile en nuestra área tiene una productividad menor en un 50% a los países desarrollados de la OCDE y de un 40% de la industria de Estados Unidos”.

Según informó Arrigoni, el ministro Fontaine se comprometió a establecer una mesa de trabajo para tratar las brechas normativas y de fiscalización que hay en Chile con respecto a productos que se comercializan en el mercado, que afectan los proyectos de construcción y al consumidor final.

Finalmente, el presidente de Asimet, propuso un trabajo conjunto con el Gobierno para desarrollar políticas públicas que permitan que Chile pueda incorporarse a la industria 4.0 y a la automatización, como lo han hecho la mayoría de los países con los cuales tenemos tratados, y que comprendieron que el futuro de la industria del siglo XXI y su competitividad pasa por un trabajo asociado entre las autoridades y el sector privado.