Movilh llegó hasta la Contraloría por acuerdo de matrimonio igualitario
La polémica tiene como raíz un Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Gobierno y la agrupación.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó ante Contraloría un requerimiento donde advierte que el Plan Nacional de Derechos Humanos, editado por el Ministerio de Justicia, transgrede la Ley 20.885 que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, ya que se abandonan deberes y compromisos internacionales del Estado de Chile.
La organización precisó que, de acuerdo al artículo 8 de la mencionada ley, es un deber de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Derechos Humanos velar y garantizar que los Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) firmados por el Estado de Chile se cumplan y se impulsen, garantizándose para ello la no discriminación por orientación sexual o identidad de género.
El dirigente del Movilh, Ramón Gómez, argumentó que “el ASA que el Estado de Chile y nuestra organización firmamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (INDH) habla de “impulsar” el matrimonio igualitario (…) el Plan debió incluir este compromiso. Sin embargo, el Gobierno lo borró, cambiándolo por lo de monitorear. Por tanto se vulnera la Ley 20.885”.
“Para demostrar lo expuesto, hemos aportado diversas pruebas. Aquí el Gobierno ha dicho que impulsar el matrimonio igualitario no es parte de su programa. Pues bien, no solo el Ejecutivo omite que el ASA es un tema de Estado, no de Gobierno de turno. Además, oculta que firmó un compromiso donde se comprometió a impulsar y cumplir con el ASA”, aseguran desde la organización.
De acuerdo a lo expuesto por el Movilh, existe un documento que fue firmado en 2018 por la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, los ministros de Educación, Gerardo Varela; de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá; de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero; de Salud, Emilio Santelices y de Justicia, Hernán Larraín, además de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
En dicho texto los ministros confirman “la voluntad del Gobierno en cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por el Estado de Chile en lo referido a materias que comprende el presente Acuerdo de Solución Amistosa”.
“Considerando que en marzo del 2018 la Contraloría General de la República señaló que el ASA firmado por el Estado es legal y vinculante, y que ayer el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, señaló lo mismo en CNN Chile, estimamos por todo lo expuesto que la Contraloría debiese concluir que el Plan Nacional de DD.HH. está omitiendo un deber legal que le corresponde”, concluyó el Movilh.
