Diputada Ossandón cuestiona a Senda: “Lo de la tolerancia cero en alcohol es una farsa”

La diputada Ximena Ossandón cuestionó fuertemente los convenios hechos por Senda con empresas de reparto de alimentos y alcohol, según palabras de la legisladora, es imposible fiscalizar la venta de licor a menores.

Recientemente, Senda firmó un convenio con las empresas Rappi, Uber Eats, Pedidos Ya y CornerShop para que capaciten a sus trabajadores con el fin de que no vendan bebidas alcoholicas a menores. Sin embargo, esto para la diputada Ossandón un “contrasentido” y una verdadera tomadura de pelo para las propias políticas que ha impulsado al Gobierno.

“La experiencia internacional exitosa en la implementación del Plan Islandia, señala que la autorregulación de los intermediarios no es suficiente para impedir el acceso a menores de edad al alcohol”, señaló.

“En esta materia tan delicada, la autoregulación de los intermediarios no es suficiente. Mandar un mensaje de texto de parte de las empresas advirtiéndole a los repartidores que los menores de edad no pueden consumir alcohol es una política igual a cero”, afirma la representante del Distrito 12.

Asimismo la diputada afirma que la venta a menores continuará. En el acuerdo existe la presentación de carnet, lo que ya existe, además de una inscripción digital con los datos personales de la persona que realiza el pedido, algo que Ossandón cuestiona, ya que puede ser fácilmente manipulado.

“Esto constituye un área de abandono del interés por la prevención y promoción de la salud pública en los segmentos más vulnerables de la población cómo son los menores de edad e incluso niños que se ven afectados de por vida por esta influencia dañina a edades tempranas de su vida“, sentenció.

La “Tolerancia Cero” que plantea el Ejecutivo no lo es, según los dichos de la diputada: “La ley siempre ha prohibido la venta a menores. Y estas empresas que firmaron el convenio con el Gobierno nunca se preocuparon de cumplirla. Y ahora hacen tratos con el Senda después de haber hecho y deshecho durante años sin ninguna consideración por los menores que adquirían alcohol”, concluyó.

“Hablan de que van a fiscalizar muchísimo más, pero todos sabemos que eso es imposible. Con la actual legislación y este nuevo convenio es más fácil pillar el chancho encebado que a un repartidor que vende licor”, aseguró la diputada.

Por último la legisladora cuestiona el acceso a datos personales de los compradores , “pues se crea otro problema donde la autoridad cede a un privado el control de actividades que son propias de la institucionalidad pública. Es otro contrasentido que realmente no logro entender”.