Los cuestionamientos que rodean el proyecto de Ley Corta de Distribución Eléctrica

“Esto en una cuenta tipo debiera traducirse en una rebaja de entre 2,5% y 3%”, afirmó hace algunos días el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en relación al impacto que podría tener en las cuentas de la luz el Proyecto de ley que perfecciona el proceso tarifario de distribución de energía eléctrica.

Sin embargo, durante la sesión de este miércoles de la Comisión de Minería y Energía del Senado donde se abordó este proyecto, tanto expertos como parlamentarios no se mostraron muy convencidos acerca de la relevancia de tal impacto, y es más, algunos como Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Usach, fueron tajantes en señalar que el proyecto, tal como está, “no apunta al beneficio directo de la ciudadanía, ni tampoco a mejorar su calidad de vida”.

Y es que, para Verdejo, el tema pasa porque, “el proyecto se ha presentado como una alternativa para disminuir las tarifas principalmente para los clientes regulados, y en ese contexto hay que tener en cuenta y visualizar que la tarifa final de los clientes residenciales tiene tres componentes: generación, transmisión y la distribución. Y la distribución en este caso, que es la que se quiere modificar a través de este proyecto de ley, pesa no más allá de un 20% de la cuenta”.

“Entonces, producto de las alzas y las actualizaciones de los precios de energía de los contratos de suministros para clientes regulados -solamente el año 2019- vamos a tener un alza cerca de los $7.000, y por disminución o ajuste de este proyecto de ley, la tarifa va a reducir $300. Entonces, haciendo una comparación, la reducción en la cuenta no va llegar a ni siquiera el 10% de lo que va a subir la cuenta este año producto de los precios de energía”, detalló Verdejo.

En otras palabras, “si uno ve el proyecto de ley desde el punto de vista de la reducción tarifaria no es una solución: $300 o $600, versus los $7.000 que está subiendo una cuenta tipo solamente el 2019, no es una solución, y creo que no es una señal política adecuada como política pública para la ciudadanía”, afirmó el experto de la Universidad de Santiago.

Dentro de este contexto, y con miras a reducir las cuentas de la luz en el corto plazo, Ramón Galaz, director de la consultora Valgesta Energía, sugirió “buscar una solución, algún mecanismo financiero que permita frenar esta alza que probablemente vamos a ver en los próximos meses. Ese es un trabajo que hay que hacerlo ahora, rápido, que se requiere, porque o sino lo que vamos a seguir viendo es que vamos a tener alzas que podrían mantenerse en 2020, 2021 e incluso 2022”.

Ante estos planteamientos, la senadora por la Región de Atacama y miembro de dicha comisión, Yasna Provoste (DC), expresó que “lo mejor es tener una discusión bien acabada respecto de este proyecto”. Esto, considerando que “el Gobierno había planteado que las cuentas bajarían al orden del 3%, y aquí se ha señalado que eso es menor, y además -como lo han dicho- es realmente insignificante frente a un alza que va a bordear el 20%”, agregó la senadora.

Por otro lado, el senador por la Región de Antofagasta y también miembro de la comisión, Alejandro Guillier (independiente), hizo referencia a la motivación política que habría detrás de este proyecto de Ley Corta de distribución. “El problema que tenemos es que, sinceremos, no es que aquí se está resolviendo el tema eléctrico en Chile; cómo generar un mercado competitivo, abierto, atractivo, que haga justicia territorial, y que permita las grandes empresas, pero también las pequeñas y las cooperativas. Estamos porque aquí quedó una embarrada y se manejó mal el tema de los medidores eléctricos, entonces, hay una motivación política muy coyuntural, que puede terminar llevándonos a aprobar una ley que va a tener un efecto que para el público va a ser una burla, desde el punto de vista práctico”, finalizó Guillier.

¿Qué pasa con la calidad del suministro?

“Chile es uno de los países con la peor calidad de servicio en materia eléctrica a nivel mundial, lo estamos comparando no sólo con países de Europa, ante los cuales evidentemente se ve muy mal, sino también con otros países de la región”. Con estas palabras comenzó su presentación en la sesión de este miércoles de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas.

El escenario es claro: Chile tiene en promedio 1.105 minutos de interrupción del servicio eléctrico al año, versus países como -por ejemplo- Paraguay dentro de la región (306 minutos), y Grecia, un país europeo muy similar a Chile en términos de ingresos per cápita, pero que cuenta con tan sólo 133 minutos de interrupción del suministro al año. Por lo tanto, “no podemos seguir excusándonos en el hecho de ser un país pobre para seguir teniendo niveles de calidad de servicio tan paupérrimos como los que tenemos en este país”, sentenció Castillo.

Para dar solución a dicha problemática, el Ministerio de Energía definió objetivos de calidad en política energética, los cuales apuntan a lograr un máximo de 4 horas de interrupción del suministro eléctrico al año al 2035, y de una hora al 2050.

Pero, ¿qué se requiere para alcanzar tales metas? Principalmente, esto pasa por una mayor incorporación de tecnología y –por supuesto- de inversión. No obstante, para Verdejo, precisamente uno de los problemas que tiene este proyecto es que desincentivaría la inversión.

“Desincentiva la inversión dado que afecta negativamente las ganancias más de lo que podría impactar en la reducción de las tarifas. Y al desincentivar la inversión, se genera menos eficiencia en las mejoras en calidad y seguridad del suministro”, afirmó el experto de la Usach.

Y es que, para Rodrigo Castillo, el punto está en que “las inversiones se remuneran al nivel de riesgo que enfrenta la empresa. Y parece nuevamente un gran despropósito lo siguiente: el Ejecutivo ha señalado que primero bajemos la rentabilidad, es decir, primero bajemos el premio por riesgo, y después discutamos cuál va a ser el riesgo, después discutamos cuál va a ser el modelo de negocios, y la verdad es que eso no tiene ningún sentido”.

Asimismo, el senador Guillier, cuestionó el hecho de que “a las empresas le bajan arbitrariamente algo sin que haya un contexto de que le dé certeza a futuro, porque se les está sacando un margen de utilidad, que para el consumidor es poco, pero para las empresas no es tan poco. Entonces, yo francamente me encuentro en una situación muy contradictoria, porque yo tengo que hacer leyes para el país, no puedo estar haciendo leyes para zafar un mal manejo del tema de los medidores”.