Representante chilena del Acuerdo de Escazú: “Piñera desinforma a la ciudadanía”
La máxima representante de la Sociedad Civil en el acuerdo de Escazú explica que son al menos cuatro aspectos los que Chile debería mejorar. En tanto, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, coincidió con su análisis, pero con ciertos matices.
Pese a que Chile se automarginó del Acuerdo de Escazú -el cual incluye a la ciudadanía en las decisiones climáticas de cada nación- una chilena es la máxima representante de la Sociedad Civil del tratado para América Latina. Electa entre 16 postulantes de la región, Andrea Sanhueza, ha escrito varios de los artículos que dan vida al convenio y asegura que “Piñera desinforma a la ciudadanía”.
A más de un año desde que Naciones Unidas comenzó oficialmente a reunir las firmas de los 30 interesados iniciales en suscribir el Acuerdo de Escazú, 21 países lo han firmado y sólo en seis el tratado fue ratificado por el Congreso.
Así, además de Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador y Colombia, Chile no ha firmado ni entregado ningún documento a la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) para adscribirse.
El principal argumento de nuestro país, según indicó el Presidente Sebastián Piñera, es que “está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada”. Además que “(Escazú) tiene problemas de cesión de soberanía, que podrían llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin que tenga justificación”, señaló Piñera.
Organizaciones medioambientales realizan intervención urbana en Santiago para exigir el Acuerdo de Escazú.
La representante explica
Contrario a las palabras del mandatario, Andrea Sanhueza indica a EL DÍNAMO que si bien, “en Chile tenemos una institucionalidad ambiental avanzada porque tenemos Superintendencia de Medio Ambiente, Tribunales y una ley de acceso a la información a nivel general”, es necesario que “el Estado tenga un rol más activo y garante en el cumplimiento de estos derechos, lo que Escazú considera en cuatro puntos”.
En detalle, estos cuatro puntos buscan promover la información de proyectos y políticas públicas ambientales a las comunidades, mayor participación y dialogo para grupos en situación de vulnerabilidad (indígenas o comunidades), más garantías para los defensores medioambientales y que el Estado promueva el acceso a la justicia a un costo razonable.
El académico de la Universidad Central y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, se sumó a la idea de Sanhueza, pero con ciertos matices.
“Parto de la base que todas las normas, tanto nacionales como internacionales, se pueden perfeccionar. Si el derecho internacional, y en concreto un acuerdo como el de Escazú, ayuda a mejorar la normativa nacional es muy positivo. Escazú requiere mayor pro actividad de los Estados y en eso Chile puede mejorar”, argumentó Riveros.
1|Acceso a información
Según explicó Andrea Sanhueza, el Acuerdo de Escazú se enfoca en los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que quiere decir que cuando una política pública, proyecto, o norma ambiental, afecte a alguno de estos grupos el Estado tendrá la obligación de acercarse y explicar de qué se trata.
“Hoy esto no existe, si uno se quiere enterar de alguna decisión (proyecto de inversión, política) tú te enteras a través del Diario Oficial, del sitio web del Ministerio de Medio Ambiente y de un diario de circulación nacional, eso plantea hoy nuestra ley. Por ejemplo, a la gente le cuesta llegar y entender un estudio de impacto ambiental”, indicó la representante de la Sociedad Civil para Escazú.
Punto que para Edgardo Riveros ya se estaría cumpliendo en Chile, pero de forma parcial. “Nuestro país es parte del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se garantiza la información, participación y el derecho a consulta para los pueblos indígenas”, comenta el ex subsecretario.
“Por lo tanto, los pueblos indígenas tienen un acceso especial. Sin embargo, hay otras personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad a las cuales la pro actividad del Estado, que no debería esperar a que pidan la información, sino que se les entregue inmediatamente, es importante”, dijo el ex subsecretario de Relaciones Exteriores.
2| Participación
El tratado de Escazú también llama a establecer, en el caso de proyectos de inversión políticas públicas o normas ambientales, un diálogo con el grupo en situación de vulnerabilidad que le interese esa norma o proyecto, de forma que durante una iniciativa se genere dialogo entre el proponente y comunidad que va a vivir cerca.
“Ese diálogo hoy, si es que se hace, es voluntario, porque la empresa es quien decide hacerlo. En nuestra ley la única posibilidad de ejercer el derecho a participar es en los proyectos que ingresan al sistema de impacto ambiental. Tenemos 60 días para hacer observaciones por escrito de este estudio respecto de un determinado proyecto”, explicó Sanhueza.
3| Defensores medioambientales
El Acuerdo de Escazú también incluye la protección de toda persona que defienda su territorio o sus recursos naturales, lo que para Andrea Sanhueza, “tampoco existe en nuestro país porque no tenemos ninguna medida de protección para esta categoría específica”.
Si bien, la académica reconoce que “se pueden poner recursos de protección” la idea del acuerdo es que “el Estado regule y sepa cómo proteger a estas personas que han sido amenazas y hasta asesinadas. En Chile es un fenómeno nuevo, pero existe, muchas personas son amenazadas, son llamadas y se les asusta si se oponen a algún proyecto”
4| Acceso a la justicia
En cuarto lugar, Escazú establece que los costos para acceder a la justicia tienen que ser razonables. Pero según Sanhueza, “en Chile hoy son muy caros, tienes que tener un abogado. También establece que se debe entregar asistencia técnica a las personas, asesoría jurídica de parte del Estado”.
“Hoy son sólo tres ONG en el país, más dos clínicas jurídicas (U. de Chile y Diego Portales) que asesoran y apoyan a comunidades. El día de mañana el Estado debiese crear una figura que exista en todo Chile donde se pueda entregar asistencia jurídica a las comunidades”, afirmó la representante de América Latina.
Estado del acuerdo
Sobre la situación del tratado en los otros países de América Latina y el Caribe, además de las seis naciones que lo ratificaron (Uruguay, Bolivia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Guyana y San Vicente y Las Granadinas), se espera que prontamente se incorporen Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina y Paraguay, donde Escazú ya ingresó al Congreso.
De ser así, se llegará a un total de doce naciones ratificadas, lo que concluirá con la primera etapa del acuerdo que requiere un mínimo de once países confirmados. La especialista Andrea Sanhueza dijo que “así comenzaríamos con la primera conferencia para tomar medidas concretas a fines del 2020”.
