Fiscalía investiga nuevo fraude en el Ejército en adquisición de red criptográfica

La Fiscalía Centro Norte investiga un posible nuevo caso de fraude al interior del Ejército, particularmente en el Comando de Telecomunicaciones. Esto, luego de la adquisición e instalación en el extranjero de equipos criptográficos, los que se utilizan para el intercambio de mensajes cifrados entre agencias militares de otros países y la rama castrense de nuestro país.

Según dio a conocer La Tercera, la fiscal Ximena Chong inició la indagatoria luego de que el pasado mes de abril, luego de que una auditoría de la Contraloría detectara presuntas irregularidades en el Proyecto de Modernización de la Red Cryptofax, entre 2013 y 2015. En dicho periodo, el Ejército estuvo liderado por los comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

“El recurrente denuncia que en 2013 la Jefatura de Guerra Electrónica (JGE) adquiere (…) 24 equipos criptográficos con la empresa Crypto AG., cuya representación en Chile está a cargo de CYM S.A., por US$ 900.000”, señala el informe.

La red contaba con 139 equipos y el propósito era renovar el sistema, señala el documento. Sin embargo, la Contraloría constató que “214 elementos adquiridos bajo la denominación ‘juego de accesorios para la impresión y almacenamiento de información cifrada’ (…) fueron recepcionados con una guía de entrega, sin valorización, careciendo de antecedentes que permitan acreditar (…) que estuviesen sustentados en la factura del 25 de abril de 2014”.

Estos elementos tampoco estaban sustentados en su orden de compra, ni en el acta de recepción emitida por la institución castrense. A raíz de esto, el Ejército envió los antecedentes al Segundo Juzgado Militar de Santiago el 12 de junio de 2018 e instruyó una investigación.

Además, se detectó un “eventual sobreprecio de USD $ 46.384 en la adquisición de ocho equipos criptográficos”. Esto se notó al comparar facturas de la compra de equipos de la misma marca y modelo por diferentes precios.

Con eso, “se comprobaron inconsistencias en el procedimiento de adquisición directa de la empresa CYM S.A.”, y demoras de hasta tres años entre la recepción de los equipos por parte del Comando de Telecomunicaciones y su posterior instalación en las agregadurías militares de Chile en el extranjero.

A todo esto se sumaría “una insuficiente justificación” en las comisiones al extranjero para la renovación e instalación de la red en las agregadurías militares, entre 2014 y 2017. Fueron en total 13 comisiones de servicio, las que estaban compuestas por dos o tres funcionarios, que significaron 53 visitas a 21 países, con un gasto en viáticos que llegó a los 126.989 dólares, más de $90 millones de pesos.

Contraloría aseguró que las comisiones visitaron un total de 19 países, dos o tres veces, siendo solo la última vez cuando se recepcionó el equipo en la agregaduría.

Chong solicitó a la Subsecretaría de Defensa el pasado 22 de mayo un informe de quiénes estuvieron a cargo del Comando de Telecomunicaciones entre 2013 y 2015 y los oficiales a cargo de la JGE. Junto eso, un organigrama del comando en ese periodo, la descripción de sus funciones y todos los antecedentes sobre la adquisición de estos equipos. Además, que se informe qué autoridad determinó la necesidad del proyecto, facturas de compra y el detalle de las cuentas a las que se transfieren los fondos fiscales.

Por último, pidió que se le entreguen las comisiones de servicio al exterior de personal de la JGE y del comando, desde 2014 a 2017.

El ex comandante en jefe del Ejercito, Juan Miguel Fuente-Alba, declarará como testigo, aunque su abogado aseguró que “la materia por la cual está citado en calidad de testigo no está del todo precisada”.

En tanto, desde el Ejército se refirieron a la investigación, señalando que “en conocimiento del preinforme, elaborado por la Contraloría en abril de 2018, a raíz de la investigación realizada en el Comando de Telecomunicaciones, la institución dispuso en mayo de 2018 una investigación sumaria (…) En junio de 2018, el Ejército efectuó la denuncia correspondiente ante la justicia militar. Ambas investigaciones se encuentran en curso, por lo cual el Ejército se encuentra impedido de pronunciarse”.

“En pos de alcanzar estándares óptimos de probidad y en su constante voluntad de perfeccionar sus sistemas de control, el Ejército ha implementado diferentes herramientas”, agregaron.