Efecto de la Ley de la Jibia: despiden a 401 trabajadores de Valparaíso y Coronel
La compleja situación además se sumaría a los despidos masivos que realizaron las empresas Pacific Blu y Landes durante este año, quienes despidieron a 367 y 232 empleados, respectivamente.
Tras cuatro años de tramitación, en enero del 2019 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Jibia que prohíbe la pesca por arrastre de este recurso. Un par de meses después, las grandes compañías extractoras culpan a la nueva legislación del nuevo despido masivo de 401 trabajadores.
De ellos, 350 fueron desvinculados por la empresa Alimar (Alimentos Marinos) desde las plantas que mantienen en Coronel y Valparaíso. En tanto, los otros 51 despedidos realizaban trabajos directamente en el barco pesquero Terranova, que actualmente está fuera de circulación.
Al respecto, el gerente general de Alimar, Claudio Salazar, explicó que de estos 51 “21 personas trabajaban en el buque de manera directa, junto con 30 más en labores asociadas a la extracción. La única pesquería del Terranova era la jibia –extraía 10 mil toneladas anuales-, lo que correspondía hasta el 27% de la cuota de este recurso”.
La compleja situación además se sumaría a los despidos masivos que realizaron las empresas Pacific Blu y Landes durante este año, quienes despidieron a 367 y 232 trabajadores, respectivamente.
Críticas a la Ley de la Jibia
Pese a que la intención inicial de los diputados impulsores de esta ley -Víctor Torres (DC) y Daniel Núñez (PC)- fue entregar mayores recursos a los pescadores artesanales, el ejecutivo de Alimar explicó que “no permite que la industria realice proyecciones de nuevas inversiones”.
“Han instalado la incertidumbre (los parlamentarios) para el sector pesquero industrial, con proyectos de ley que atentan contra el empleo y el desarrollo del país y donde predominan criterios políticos y populistas”, continuó Salazar.
Finalmente, sobre las pérdidas que ha experimentado Alimar desde que se aprobó la ley, indicó que “la Jibia representa el 33% de nuestra utilidad” y debido al nuevo marco legislativo, “la compañía dejó en carpeta una inversión de US$ 450.000”.