Los argumentos de AFP Habitat ante el TC para no permitir el retiro de fondos
La aseguradora emitió su defensa ante el Tribunal Constitucional para rechazar el retiro de fondos de una funcionaria pública de Punta Arenas, cuyos ahorros suman $51 millones.
Por María Gabriela Salinas![AFP](https://www.eldinamo.cl/wp-content/uploads/2019/10/habitat.jpg)
“En forma previa al análisis de cada una de las causales de inadmisibilidad, se ha señalado que es claro que el único destino de las cotizaciones previsionales -definidas por esta Magistratura como obligaciones de derecho público- es el de solventar prestaciones de seguridad social“. De esta forma comienzan los descargos de AFP Habitat ante el Tribunal Constitucional para rechazar el retiro de fondos de una funcionaria pública de Punta Arenas, cuyos ahorros suman $51 millones.
En un documento citado por Diario Financiero, la administradora asegura que “esta característica, de suyo, impide la libre disponibilidad de los fondos de la cuenta de capitalización individual, y corresponde a una finalidad lícita establecida por el legislador: esta finalidad es evitar que los trabajadores, fuera de su vida útil, queden desamparados ante las contingencias sociales. Se trata, por ende, de una limitación proporcional a la finalidad jurídicamente tutelada”.
AFP Habitat agrega que el requerimiento es inadmisible y está encaminado a obtener una declaración de inconstitucionalidad: “El requerimiento es inadmisible pues carece de fundamento plausible”.
Según la administradora, esta falta de fundamentación se evidencia en que las normas impugnadas no son más que la consecuencia del mandato expreso que establece la “cotización obligatoria” para la seguridad social, y que la contradicción que se denuncia “es meramente genérica, sin señalarse de qué modo y en qué grado se afecta el núcleo fundamental del derecho”.
Beatriz Valenzuela se desempeña en la atención primaria de salud municipal y el 18 de junio envió una carta a AFP Habitat en la que solicitó retirar el dinero, petición que fue rechazada por la administradora de fondos de pensiones.