Cómo ha funcionado el INDH durante las manifestaciones

Durante los últimos días, en que se han registrado intensas manifestaciones en distintos puntos del país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se ha hecho presente en las protestas para garantizar que tanto Carabineros de Chile como las Fuerzas Armadas garantice el orden público respetando el derecho a manifestarse de las personas participantes. Lo anterior, se debe aplicar pese a que la marcha o la protesta no sea autorizada.

De acuerdo a lo que explican a El Dínamo desde la institución, sus funcionarios no pueden interferir en los procedimientos, pero sí pueden ingresar a las comisarías y verificar que los policías realicen la constatación de lesiones a los detenidos oportunamente y en condiciones adecuadas.

Además de asegurarse de que no ocurran malos tratos, detenciones arbitrarias, desnudamientos y/o golpes en el trayecto a la comisaría.

Según lo señalado por el INDH, los integrantes de la institución se han hecho presente en las manifestaciones sociales desde 2011, además de detallar el método de organización que utilizan.

“Se forman grupos de coordinación, conformados por al menos cinco personas. En cada marcha salimos alrededor de 15 funcionarios, pero estos días, y debido a la emergencia, se han desplegado alrededor de 100 personas a través de todo Chile”, comentan desde el INDH.

“Vamos con nuestras chaquetas naranjas y cascos amarillos y con nuestra debida identificación”, recalcaron.

En el caso de presenciar algún tipo de vulneración contra los manifestantes, el INDH entrevista a las personas, reúne la información, y posteriormente “accionamos legalmente o administrativamente, según corresponda”.

En ese contexto, explican que la “gravedad de los hechos tiene que ver con el tipo de abusos que haya, porque hay algunos casos que tienen que ver con omisiones, que son cuando no cumplió un determinado servicio público; algunas tienen que ver con acciones, que son cuando las personas son golpeadas o torturadas en una comisaría”.

Respecto a si son apoyados por voluntarios para realizar las “fiscalizaciones”, se indicó que “por el momento no, ya que somos integrantes del instituto los que hacemos la labor, porque tenemos los resguardos necesarios y la potestad legal”.

Puertas cerradas en Ex Posta Central

En relación a la situación acontecida el pasado lunes, donde el director del INDH, Sergio Micco, denunció que no dejaban ingresar a los funcionarios al Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública -ex Posta Central- para visitar a las personas que allí se encontraban tras resultar heridas en las manifestaciones, el organismo señaló que esto no se ha repetido en otros recintos asistenciales.

“Nos han pasado cosas así en algunas comisarías, donde no hemos recibido la colaboración que requerimos. Pero en los centros de salud los trabajadores han colaborado muy amablemente con nosotros, nos han entregado la información, han permitido que entrevistemos a los lesionados”, destacaron.

Según lo informado por Micco, se logró el ingreso al centro asistencial luego de que el juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago “amenazara con descerrajar” el acceso.

Además, el director aseguró que funcionarios del recinto de salud denunciaron que “se les prohibía hablar de lo que estábamos viendo”, situación que fue publicada además a través de sus redes sociales, asegurando que los trabajadores denunciaron que desde la dirección del establecimiento se les había solicitado cerrar el acceso a la ex Posta Central.

El hecho incluso motivó que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ordenara un sumario para investigar la situación.

“Lamento la situación aislada en la Posta Central anoche, en que se limitó el acceso de personal del INDH (…) no es lo que ha ocurrido en el resto de los hospitales. He instruido un sumario”, escribió la autoridad en su cuenta de Twitter. 

Finalmente, el ministro reiteró “la orden de que el INDH debe ingresar donde estime necesario”.

Según la última actualización entregada por el INDH, el organismo presentó 21 acciones judiciales en favor de 56 personas. De ellas, 6 corresponden a recursos de amparo y 2 querellas por graves vulneraciones a los detenidos.