Qué pasó en el Congreso con otras peticiones para destituir a parlamentarios
Un grupo de diputados de solicitó al Tribunal Constitucional (TC) sacar de sus cargos a 12 diputados del PC y FA.
Cesar de sus funciones a 12 diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio es lo que pide un grupo de parlamentarios del oficialismo al Tribunal Constitucional (TC), en medio de la crisis social que vive el país.
Ignacio Urrutia (Ind. parte de Acción Republicana), Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Harry Jürgensen (RN), Christian Moreira (UDI), Osvaldo Urrutia (UDI), Celso Morales (UDI), Carlos Kushel (RN), Camila Flores (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Aracely Leuquén (RN) presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para que cese de sus funciones la bancada completa del Partido comunista, además de los frentemaplistas Gabriel Boric, Claudia Mix y Gonzalo Winter.
Según los parlamentarios de derecha, los diputados del PC y FA han incurrido en la causal de cesación en el cargo contemplada en el artículo 60 inciso quinto de la Constitución, la que sanciona la incitación a la alteración del orden público por palabra o por escrito, propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación.
Esta no es primera vez que este artículo ha sido requerido ante el TC para que parlamentarios dejen sus cargos en el Congreso. Sin embargo, en todas las ocaciones anteriores, el tribunal ha desechado la moción o se ha declarado incompetente.
Colonia Dignidad (1991)
Contra quiénes: Olga Feliú, Arturo Alessandri, Sergio Diez, Sergio Fernández, Jaime Guzmán, Sergio Onofre Jarpa, Ricardo Martin, Ronald Mc-Intyre, Hugo Ortiz, Ignacio Pérez, Francisco Prat, Mario Ríos, Sergio Romero, Bruno Siebert, Santiago Sinclair, William Thayer y Beltrán Urenda.
Razón: celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza (ex art. 57).
El caso: una investigación durante el gobierno de Patricio Aylwin detectó irregularidades en las actividades de la “Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad”, conocida como Colonia Dignidad, decidiendo cancelar su personalidad jurídica. Los 17 senadores de la UDI se opusieron, interponiendo un reclamo ante el Tribunal Constitucional.
Fallo: los mismos diputados desestimaron el requerimiento luego de que el TC decidiera continuar con el término de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad.
Empresas de “Fra Fra” Errázuriz (1994)
Contra quién: Francisco Javier Errázuriz, conocido en el mundo político como “Fra Fra”.
Razón: acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.
El caso: Errázuriz, hasta antes de asumir el cargo de senador, participaba como presidente, director y administrador de prácticamente todas las sociedades que conforman el denominado “grupo Errázuriz” Además, actuaba en la administración de sociedades anónimas o en cargos de similar importancia al de director.
Fallo: se desechó el requerimiento por parte del TC, argumentando, entre otros, que los cargos para la cesación en el cargo del parlamentario en ejercicio deben acreditarse fehacientemente, de manera tal que no haya duda, lo que en este caso no se cumplió.
Senador Pinochet (1998)
Contra quién: Augusto Pinochet Ugarte.
Razón: se esgrimió que Pinochet no podía ser senador designado, ya que no fue electo democráticamente como Presidente de la República.
El caso: en 1998, Augusto Pinochet asumió como senador designado, lo que provocó el rechazo del entonces oficialismo. Se acudió al TC aludiendo que la administración de Pinochet no tenía validez y que, por ende, no calificaba para ocupar el cargo parlamentario.
Fallo: el TC determinó que carecía de competencia para resolver la inhabilidad, al no tener competencia para determinar si el período de Pinochet al mando era o no válido.
Caso Lavandero (2005)
Contra quién: Jorge Lavandero.
Razón: pérdida de requisito general de elegibilidad para ser parlamentario.
El caso: el 29 de julio de 2005, Lavandero fue llevado a la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, luego de ser condenado a cinco años de privación de libertad por abusos sexuales reiterados en contra de menores.
Fallo: se consideró innecesario emitir pronunciamiento, ya que Jorge Lavandero ya había cesado en su cargo con antelación a la sentencia del TC.
Marcha de la CUT (2009)
Contra quién: Alejandro Navarro
Razón: haber ejercido influencia ante autoridades administrativas a favor de los trabajadores en conflictos laborales y haber incitado de palabra a la alteración del orden público.
El caso: Navarro participó en la marcha de CUT el 29 de agosto de 2007, donde fue agredido por un oficial de Carabineros. Según el requerimiento, el entonces parlamentario socialista encabezó una columna de trabajadores, “ejerciendo influencia ante autoridades administrativas, como es Carabineros, invocando su calidad de senador, a favor de ellos, tratando de evitar que la Fuerza Pública cumpliera con sus obligaciones constitucionales”.
Fallo: se desestimó el requerimiento, ya que el tribunal afirmó que no se configuró los argumentos del artículo 60.
De La Moneda al Senado (2011)
Contra quién: Ena von Baer.
Razón: inhabilidad por el tiempo que pasó la ex ministra en ocupar un escaño en el Senado.
El caso: Von Baer fue designada como senadora en reemplazo de Pablo Longueira, sin haber transcurrido un año dede haber dejado su cargo de secretaria de Estado en La Moneda.
Fallo: se rechazó el requerimiento ya que, según el TC, no se puede homologar una norma que se refiere a elecciones populares a una designación por reemplazo.
