Antes del 18 de octubre: lo que se hablaba en Chile hace un mes
El 18 de octubre marcó el inicio de la crisis social que, entre otros, generó un acuerdo para una nueva constitución. Días antes, el país vivía otra realidad.
El mundo político celebra por estas horas el acuerdo por una nueva Constitución, pacto que permitirá a la ciudadanía elegir, vía plebiscito, qué mecanismo utilizar para el proceso constituyente: una Convención Constitucional (asamblea constituyente) o Convención Constitucional Mixta (asamblea más parlamentarios). Sin embargo, hace tres semanas, la agenda era otra.
El estallido social del 18 de octubre cambió el foco de la discusión cuando, tras una escalada de evasiones masivas en el Metro de Santiago en protesta por el alza de la tarifa, la capital vivió una noche de violencia que terminó con el Presidente Sebastián Piñera declarando Estado de Emergencia en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
Sólo cuatro días antes, el país vivía otra realidad: la discusión era económica, un partido quedaba solo frente a la acusación contra un ministro, declaraciones causaban enfrentamientos en el Congreso y la población lloraba la muerte de un pequeño niño.
La acusación de Orsini
El lunes previo al estallido social se inició con una polémica: la diputada Maite Orsini (RD) aseguró que el narcotráfico llegó al Congreso
“Hay vínculos (con el narcotráfico), absolutamente, en la política, en los carabineros (…) en la Cámara de Diputados también, yo creo que sí. Creo que el narco también ha permeado a los políticos, no quisiera dar nombres, porque no corresponde (…) Yo creo que hay parlamentarios que tienen relación con el narco”, argumentó en su visita al matinal de TVN, Buenos Días a Todos.
En ese contexto, la parlamentaria destacó que “yo no tengo pruebas. Yo creo que –como hemos visto en Carabineros, los militares que se ha visto han sido financiados por el narcotráfico, políticos en San Ramón- el narcotráfico ha permeado nuestras instituciones mucho más que lo que nosotros podemos ver, y yo me atrevería a decir que, como han permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego por que no ha permeado el narcotráfico”, explicitó.
Sus declaraciones fueron rechazadas transversalmente por el mundo político, generando incomodidad incluso dentro de su partido, Revolución Democrática.
Desde RN y la UDI emplazaron a la legisladora a que entregue los antecedentes que posee ante el Ministerio Público sobre los eventuales vínculos de parlamentarios con el tráfico de drogas, mientras que la mesa de la Cámara de Diputados rechazó “categóricamente” las palabras de la parlamentaria del Frente Amplio.
Al día siguiente, el 15 de octubre, Orsini ofreció disculpas por sus dichos. “Con toda honestidad, porque nunca me ha complicado pedir disculpas, decir que si alguien en este Congreso siente que lo ofendí personalmente, pido disculpas, sobre todo si es alguien que esté comprometido, como yo, en que haya más transparencia en política”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter.
Enfermedades terminales y fondos de las AFP
El 16 de octubre, el diputado RN Eduardo Durán y su par DC Gabriel Silber acordaron presentar una indicación al proyecto de pensiones para que se pueda efectuar el retiro de los ahorros previsionales en caso de enfermedad terminal o para financiar un crédito hipotecario y así evitar la pérdida de la vivienda.
Previamente, el entonces el ministro de Hacienda Felipe Larraín, confirmó estar trabajando en una indicación a la reforma que permita el retiro de los fondos si se padece una enfermedad terminal, pero aclaró que primero “tenemos que establecer un procedimiento para que justamente no se abra una puerta para que cualquier caso se considere excepcional”.
Según explicó el ex ministro de Hacienda, la cautela con la que se está estudiando la iniciativa se debe a que “no podemos abrir una puerta para que se puedan retirar como han hecho unos pocos casos, Perú, por ejemplo”.
“Ahora, en casos excepcionalísimos, no diría excepcionales sino excepcionalísimos, como es el de un enfermo terminal, el Gobierno está estudiando efectivamente permitir el retiro de fondos. No hemos presentado la indicación, estamos estudiando el tema, porque entendemos la realidad”, expresó.
La muerte de Baltazar
El fin de semana previo al estallido social, la ciudadanía lamentó el fallecimiento de Baltazar Díaz, niño de 9 meses que murió en su casa en La Pintana tras recibir una “bala loca” mientras se encontraba durmiendo junto a sus padres.
El 14 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera invitó a los padres de Baltazar a La Moneda y anunció la “Ley Baltazar”, la que busca aumentar las facultades y capacidades fiscalizadoras de la autoridad, además de reforzar los requisitos y las condiciones que se demanden desde el Estado, para que los particulares puedan poseer armas de fuego.
A los dos días, el Gobierno -a través de los entonces ministros de Interior, Andrés Chadwick, y Segpres, Gonzalo Blumel- y el Senado acordaron despachar en un plazo máximo de 30 días el proyecto Ley de Control de Armas.
Según el texto que firmaron desde el Gobierno, el punto central de la reforma es “establecer la obligación de tomar muestras de casquillos y balas disparadas por un arma que ingresa a Chile, para ser incorporados en un Sistema de Identificación Balística (IBIS), de responsabilidad de la Dirección General de Movilización Nacional”.
“Así, toda arma que ingrese o se fabrique en Chile deberá ser disparada por el Banco de Pruebas, con el objeto de conocer las balas y casquillos que ella dispara; cuestión que se irá extendiendo a las armas que existen en Chile y que deban ser reinscritas de acuerdo al proceso que se pretende concretar por la vía legislativa”, agregó el documento.
Control de identidad e interpelación a Chadwick
Gabriel Ascencio, jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), anunció que su partido buscaría interpelar al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick por los malos resultados del Índice Nacional 2019 de la Fundación Paz Ciudadana.
Sin embargo, poco a poco, los demás partidos de oposición se desligaron de la propuesta. Esto porque un día antes, la DC apoyó el proyecto de ley que amplía el control preventivo de identidad a menores de edad desde los 16 años, iniciativa finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Manuel Monsalve, jefe de bancada del Partido Socialista (PS), aseguró en ese momento a EL DÍNAMO que “no estamos dispuestos a apoyar a la Democracia Cristiana”.
“Hoy la DC ha quedado sola. Que una bancada de oposición proponga una interpelación a un ministro y no tenga el respaldo de ninguna otra bancada de oposición demuestra la absoluta falta de confianza que hay en la conducta política de la Democracia Cristiana, ellos quedaron solos porque carecen de credibilidad al confrontar al Gobierno“, sostuvo Monsalve.
Más tarde llegó el turno del Partido Humanista (PH) de la mano de Tomás Hirsch, quien también coincidió con que esta acción no coincide con los votos de la DC respecto al control de identidad para menores desde los 16 años y que se trataría de “un lavado de imagen”.
En tanto, desde Revolución Democrática (RD), el diputado Miguel Crispi dijo a la DC que “no cuenten con nosotros”, pues, “tiene que haber un mínimo de consistencia política”.
“No se pueden entregar los votos en la mañana para aprobar el control preventivo a menores de edad con la promesa de que así se resuelven los problemas de seguridad y por la tarde anunciar una interpelación en contra de Chadwick”, agregó luego.
Metro en el Parque Araucano
“Pensar que el metro -como he escuchado por ahí- trae puntos de vista negativos, como la delincuencia, es una conclusión errada y que no va en el camino correcto”.
Con estas palabras, el 17 de octubre, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Cristián Monckeberg, se unió a la polémica que había ocupado la atención pública días antes: los vecinos de Las Condes habían realizado una manifestación contra la futura estación Parque Araucano, algunos, aludiendo que el metro “trae delincuencia”.
La presidenta de la junta de vecinos Cerro La Gloria, Mónica Silva, comentó a La Tercera que “esa intervención que quiere hacer el Metro es desarmar el parque. Es hacer lo mismo que hicieron en el parque Los Domínicos. Llega el Metro y llegan los delincuentes. Tú no puedes estar tranquila, aunque esté lleno de cámaras”.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se unió a la discusión. “Yo sé que se está organizando una protesta para el sábado en el Parque Araucano”, dijo, y que, en el caso de que “la protesta es para que la estación del Metro no esté en el Parque Araucano, yo le encuentro toda la razón“.
“Una lástima sería que la estación del Metro oblique a sacar 50 árboles nativos, especialmente quillayes que son árboles ancianos, grandes. Trasplantarlos sería matarlos. Por lo tanto, la estación del metro no debería estar en el Parque Araucano, hay que sacarla de ahí”, añadió.
Sin embargo, aclaró que “a los que están diciendo ‘yo no quiero Metro porque van a llegar tales personas y esto va a significar delincuencia’, eso yo no lo comparto”.
Providencia inundada
El jueves antes del estallido social, Avenida Providencia amaneció inundada. A través de un comunicado, Aguas Andinas expresó además que poco antes de las 6.00 AM se reportó la falla: una matriz se había roto.
“Técnicos de Aguas Andinas se dirigieron hasta el lugar para verificar la magnitud del escape y comenzar las maniobras de aislamiento de cañería y de cierre de las válvulas para evitar que continuara el derramamiento de aguas hacia la superficie. La maniobra completa se finalizó sobre las 7.25 AM”, indicó la sanitaria.
El problema generó caos en la vía, ya que se debió cortar el tránsito en gran parte de Av. Providencia. Asimismo, las labores para arreglar la falla se extendieron por más de una semana y la empresa se comprometió a responder por los daños que provocó la inundación.
Aguas Andinas explicó que tomó contacto con los hogares afectados “para catastrar el grado de impacto y proceder a las medidas de mitigación correspondientes, que incluyen reemplazo de enseres dañados y/o traslado a hotel de residentes y sus mascotas mientras se realizan labores de limpieza”.
Alza de tarifas en el transporte público
Fue el 4 de octubre cuando el Panel de Expertos del Transporte Público informó de un incremento en las tarifas en las tarifas de los buses, Metro y Tren Central, en las 32 comunas de la provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, llevando el costo del Metro en horario punta hasta los 830 pesos, y el de los buses a 710. En tanto, el horario valle en el Metro pasará de los 720 a 750 pesos.
La semana siguiente, en entrevista con CNN Chile, el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, expresó una polémica reflexión: “Alguien que sale más temprano y toma el Metro a las 7:00 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. Ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Cuando los costos suben, no hay muchas opciones”. De a poco comenzaron las evasiones masivas.
Ya el jueves 17, cuando las manifestaciones por esta alza se volvieron más masivas, el presidente del Panel de Expertos del Transporte Público, Juan Enrique Coeymans, se refirió a los diversos episodios de evasión masiva que se han registrado en los últimos días a raíz del alza del pasaje del Metro.
En conversación con La Tercera, el académico UC aseguró que en esto “hay un manejo político” y manifestó su rechazo a las manifestaciones, puesto que “cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta“.
