Informe de la UDP revela deficiencias en protección de los derechos humanos en diversas áreas
El análisis multidisciplinario evalúa derechos que están al corazón de las demandas sociales que han remecido a Chile, además de evaluar la labor y atribuciones de instituciones como el INDH.
Las desigualdades en el acceso a educación y salud, la precaria calidad de la mayoría de los empleos y la deficiente protección del medioambiente son algunas de las conclusiones incluidas en el Informe Anual de Derechos Humanos 2019, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP).
El informe, que hoy dio a conocer su decimoséptima versión, da cuenta de hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2018 y agosto de 2019, por lo que no recoge lo sucedido tras el estallido social de octubre. De todas maneras, abarca muchas materias directamente relacionadas con las demandas planteadas en las manifestaciones, dando cuenta de las diferencias entre la realidad nacional y los estándares internacionales.
“Presentar el Informe de Derechos Humanos UDP 2019 a un mes del estallido social, causado por la injusticia en derechos sociales, es difícil”, manifestó Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. “Las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la violencia policial no son nuevas. La discriminación sistémica y el uso excesivo de fuerza siguen”, agregó.
El informe, señalaron las presentadoras, se elaboró en momentos en que Chile rechazaba 18 de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una cifra inédita y muy superior a las apenas cuatro que no había aceptado en el Examen Periódico Universal (EPU) anterior.
Entre las materias más preocupantes en la actualidad se encuentran la violencia contra manifestantes y medios de comunicación, así como a la proporcionalidad del uso de la fuerza pública y la lucha contra la xenofobia, por las violaciones a esos derechos, o la falta de diligencia del Estado en su prevención y persecución..
El informe también incorpora un análisis de las instituciones que deberían velar por los derechos humanos en Chile, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -a 10 años de su creación- y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En el capítulo que se analizan ambas instituciones, se muestran avances, carencias y desafíos que ambos tienen por delante.
En otro de los capítulos, se muestra los graves incumplimientos del Estado de Chile en las prestaciones de salud a personas privadas de libertad, así como las disparidades en acceso a salud mental de personas LGBTI.
Asimismo, se muestra la precariedad de la gran parte del empleo en Chile, analizando también la realidad que viven los trabajadores de plataformas tecnológicas como Uber, Uber Eats o Rappi.
En materia de educación, los académicos Miguel Órdenes y Liliana Ramos revisan los proyectos de ley (finalmente rechazados) sobre el Sistema de Admisión Escolar, y concluyen que permitir la selección de alumnos según “mérito” constituiría una discriminación indirecta, que ya es efectiva en la Región Metropolitana y en colegios particulares en que no se aplica la Ley de Inclusión Escolar.
El informe completo está disponible en derechoshumanos.udp.cl.
