Las dos causales invocadas para acusar constitucionalmente a Piñera
Este miércoles se sorteará a los cinco legisladores que integrarán la comisión encargada de evaluar la acusación constitucional.
Luego de semanas de espera, este martes, 11 diputados de oposición ingresaron la anunciada acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, siendo la primera vez que un Mandatario enfrenta la instancia legislativa.
EL DÍNAMO accedió al documento ingresado por los parlamentarios, el que invoca dos causales para acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera. El primero se refiere a infracción constitucional por “actos de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución y las leyes”, mientras que el segundo responde a “actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación“.
El libelo cuenta con las firmas de las y los diputados PC Carmen Hertz y Daniel Núñez; los PS Emilia Nuyado y Jaime Naranjo; el humanista Tomás Hirsch; Vlado Mirosevic del Partido Liberal; el RD Jorge Brito; Gael Yeomans de Convergencia Social; la PPD Carolina Marzán; Claudia Mix deComunes; y el FRVS Esteban Velásquez.
Infracción a la Constitución y leyes
Según el documento, durante las últimas cuatro semanas se han documentado diversas situaciones vulneratorias de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, tanto en el Estado de Emergencia como cuando ésta fue cancelada. Los diputados agregan que se ha realizado una “criminalización del derecho a la protesta por parte de las autoridades y en particular de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
“Lo anterior se evidencia en los numerosos hechos que pueden configurarse como muertes, torturas, violaciones, abuso sexual, apremios ilegítimos, detenciones ilegales, allanamientos ilegales, atropellos, lesiones por armas de fuego, lo que incluye traumatismo oculares por mutilación, lesiones por carabina lanza gases, e intoxicaciones por gas lacrimógeno”, expresa a acusación constitucional. Agrega que “tales vulneraciones afectaron sin distinción a adultos, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad y con discapacidad”.
El libelo detalla siete casos que considera como “homicidio”, incluyendo el caso de Abel Acuña, joven que falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en las manifestaciones de Plaza Italia. Este evento se califica como “homicidio por omisión”, responsabilizando a Carabineros por agresiones sufridas por personal de emergencia cuando asistía a la víctima.
Luego, expone cinco casos de denuncias de tortura y tres casos de violencia sexual, incluyendo una acusación de violación en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Agrega que además hay 1.183 casos registrados de posibles heridos por acción de agentes del Estado según el departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico.
De acuerdo el documento, los hechos “constituyen, sin duda, actos de su administración que vulneran abiertamente la Constitución y las leyes, tanto respecto de las graves violaciones, generalizadas y sistemáticas, a los derechos humanos cometidas durante el estado de excepción constitucional, como también respecto de aquellas cometidas una vez levantado éste”.
Honor de la Nación
Para este punto, el documento apunta nuevamente a las presuntas violaciones de derechos humanos, apuntando a que “organismos y personalidades del ámbito internacional han realizado declaraciones y peticiones que coinciden en la condena y preocupación por la situación de derechos humanos en Chile”.
En esa línea, los diputados citan nueve organizaciones y diplomáticos que han mostrado su preocupación o rechazo a la situación de enfrentamientos en Chile, así como la cobertura de la prensa internacional a las manifestaciones. La acusación constitucional asegura que estos antecedentes “permiten acreditar en términos concretos la afectación grave del honor de la Nación”.
El libelo también se refiere a la cancelación de las cumbres de la APEC y COP25, indicando que “no responden sólo a una incertidumbre sobre la seguridad que hubiere podido otorgar a los autoridades y visitantes extranjeros. Obedece, desde luego, al severo desprestigio de nuestro país que, a los ojos de mundo, es indigno de servir como sede de una cumbre internacional”.
Lo que sigue
De acuerdo a los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, este 20 de noviembre se dará cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados el ingreso del libelo acusatorio, momento en el cual se deberá sortear a los cinco legisladores que integrarán la comisión que estará encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación.
Posteriormente, dentro del plazo de tres días, se deberá notificar, personalmente o por cédula, al primer Presidente, estableciéndose con ello la prohibición de salida del país mientras se desarrolla este proceso.
A partir de la notificación, el Sebastián Piñera tendrá un plazo de 10 días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
La instancia, a su vez, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual lo votará a fines de la primera quincena de diciembre.
