Por qué el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra Carabineros

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció el pasado jueves que interpondrá dos querellas en contra de los funcionarios de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda que resulten responsables de haber vulnerado los derechos humanos de al menos dos personas, que fueron detenidas en esa unidad durante el Estado de Emergencia decretado entre el 19 y el 27 de octubre.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya había interpuesto una acción legal en contra de la institución por uno de estos casos, el que incluía el delito de tortura con abuso sexual que se habría cometido en contra de un joven.

De acuerdo a lo revelado por el afectado, todo ocurrió el pasado 21 de octubre cuando ingresó a un supermercado para entregar primeros auxilios a personas que se encontraban en el lugar. En ese momento, habría llegado personal de  Carabineros y lo habría detenido de manera violenta y dándole golpes de bastón, puños y patadas.

Además, denunció que fue acusado por el delito de robo en lugar no habitado, que fue golpeado e insultado por su orientación sexual, sumado a que habría sido desnudado y abusado sexualmente.

El INDH agregó que en la acción legal también considera la agravante de discriminación por tratarse de una persona homosexual, contenida en la Ley Zamudio.

Según el abogado del instituto , Pablo Rivera, el joven “fue sometido a graves vejámenes constitutivos de tortura. Lo más grave son las vejaciones de índole sexual, lo obligaron a desnudarse, sin ropa interior; y estando esposado y golpeado, entendemos que fue objeto de abuso sexual por parte de Carabineros con el bastón de servicio”.

“El delito de tortura sexual es uno de los más graves contenidos en el ámbito de los derechos humanos”, destacan desde el organismo.

Las razones del CDE

Por su parte, desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) explicaron que la querella se da ya que “de acuerdo a la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, éste tiene atribuciones para perseguir todo tipo de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones“.

“Entonces en ese carácter, los Carabineros o fuerzas policiales en un determinado momento incumplen las normativas que les rigen para los efectos de cumplir con sus funciones y producen un daño, en ese caso el Consejo de Defensa del Estado puede perseguir penalmente estas conductas”, detalló María Eugenia Manaud, presidenta del CDE. 

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos es el que principalmente está llamado a presentar este tipo de querellas, pero como además el CDE también tiene atribuciones en la materia, pero no dispone de personal suficiente como para avocarse y atenderlas todas, lo hace selectivamente. Es decir, busca y estudia los antecedentes de aquellos casos que parecen más relevantes para participar y apoyar al INDH”, explicó.

En ese contexto, Manaud aseguró que “al Estado le interesa que se persigan delitos que afectan a los derechos humanos, tiene un compromiso internacional en la materia, pero al mismo tiempo tiene que defender los intereses patrimoniales, y puede ser demandado por estas personas que han sido víctimas de delitos cometidos por funcionarios públicos“.

“Entonces en esos eventos, también tiene que actuar el Consejo de Defensa del Estado, pero en otro rol, como defensor del patrimonio fiscal para defenderlo, y en esa medida como se ha actuado antes en la persecución criminal no puede desconocer las actuaciones previas. Por lo tanto las defensas que se realizan son de otro carácter”.

“Son defensas referidas a las personas que tienen capacidades o posibilidades de perseguir una indemnización o los montos involucrados”, agregó la abogada.

El CDE también se querelló contra quienes resulten responsables de los destrozos cometidos el 17 de octubre en la estación San Joaquín, donde se destruyeron torniquetes y los accesos.

Esta acción judicial se suma a la presentada por los “ataques incendiarios con bombas molotov ocurridos el 12 de noviembre en las entradas de la estación Baquedano y en la construcción de un recinto de la Universidad de Chile, caso por el que ya fueron formalizadas 3 personas”.

Otras querellas

El Consejo de Defensa del Estado también se ha querellado en otras oportunidades en contra de Carabineros, entre las más recientes se encuentran las efectuadas por el caso de Camilo Catrillanca y el fraude de más de 28 mil millones en la institución.

La acción legal por el fraude de Carabineros fue interpuesto el 14 de marzo de 2017 en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por  los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos contra 17 funcionarios y ex funcionarios y contra quienes resultaran responsables de los delitos.

Mientras que en el caso del comunero mapuche, la querella fue ingresada el 24 de diciembre de 2018, en el Juzgado de Garantía de Collipulli, y estaba dirigida contra los cuatro carabineros involucrados en el procedimiento que culminó con el homicidio de Catrillanca.

En aquella oportunidad, la acción se realizó luego de que se revelara que los funcionarios involucrados habían ocultado un video del procedimiento que le quitó la vida al joven mapuche el 14 de noviembre.