Los reparos a la fijación del Ingreso Mínimo Garantizado que se discute en el Congreso
El próximo año, 668 mil chilenos obtendrán el bono, lo que tendrá un costo para el Estado de $166 mil millones. Ese número disminuirá drásticamente llegando a sólo 8 mil beneficiarios el 2028. Es decir, se reducirá la cantidad receptores un 98,6% en ocho años.
Tras su paso por la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Ingreso Mínimo Garantizado del Gobierno sufrió diversas modificaciones. Una de ellas fue duramente criticada por el diputado y miembro de la instancia, Giorgio Jackson (RD), quien escribió en su Twitter que “hará que el monto adicional no sea permanente, sino temporal”.
Tal como quedó establecida ahora, la iniciativa contempla que para los trabajadores con jornada de 45 horas que ganen menos de $301.000 líquido -el sueldo líquido actual es de $288.000 y bruto es de $301.000-, el Estado entregará un subsidio igual a la cantidad faltante para llegar a ese monto líquido.
Esto se traduce en que si una persona gana el sueldo mínimo podrá obtener un bono de hasta $59.200 y así acceder finalmente a los $301.000 líquidos.
El problema, según Jackson, es que para el cálculo se considera en el proyecto de ley el monto $301.000 y no el concepto de ingreso mínimo actual. Pese a que son lo mismo, este mero tecnicismo es relevante, pues a diferencia de la cifra, el ingreso mínimo actual puede aumentar año a año cuando se reajuste el salario mínimo.
Es decir, si por ejemplo durante el próximo año el salario mínimo aumenta $13 mil como lo hizo entre 2018 y 2019, con la propuesta del Gobierno no existiría un nuevo piso bruto de $314 mil para aplicar el beneficio, sino que se seguirá considerando los $301.000. Por lo tanto, todos aquellos que en 2020 ganen $314 mil quedarán fuera del subsidio estatal.
Así al menos consta en el último Informe Financiero del boletín 12.041-13, el cual reveló que la iniciativa del Gobierno tendrá cada vez menos beneficiarios.
El próximo año, 668 mil chilenos obtendrán el bono, lo que costará al Ministerio de Desarrollo Social más de $166 mil millones. Ese número disminuirá drásticamente llegando a sólo 8 mil beneficiarios el 2028 -equivalente a un costo para el Estado de $627 millones-. Es decir, se reducirá la cantidad receptores un 98,6% en sólo ocho años.
Al respecto, el diputado Giorgio Jackson (RD) confirmó a EL DÍNAMO que en la práctica “esto significa que a medida que aumente el sueldo mínimo por sobre estos $301.000 fijados del monto real, el beneficio en los bolsillos de las personas va a ir disminuyendo”.
Por ello, es que aseguró que hicieron llegar esta crítica al Gobierno para que “el proyecto sea un beneficio permanente”. “Con este objetivo es necesario inscribirlo como ingreso mínimo vigente, lamentablemente el Ejecutivo no se ha allanado, lo que implica que el beneficio será transitorio”, complementó.
En el siguiente gráfico intento mostrar las rectas de salario mínimo bruto (verde), líquido (roja) y líquido con subsidio (azul). En mi equipo me sugirieron que no lo publicara porque no se entendía mucho pero lo dejo igual como referencia.?? pic.twitter.com/Ggl4S9ZKd8
— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) December 4, 2019
Jackson no ha sido el único crítico del Ingreso Mínimo Garantizado, pues durante su paso por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara el especialista en protección social de la OIT para el Cono Sur, Guillermo Montt, indicó que “no cumple con el objetivos de ofrecer seguridad de ingresos a todos los hogares con mayores necesidades”, ni tampoco, “con los principios de universalidad de los pisos de protección social”.
El experto además explicó que de acuerdo al informe financiero, “el Ingreso Mínimo Garantizado se insertaría dentro de un proyecto de política salarial poco ambicioso, esto es, 1,5% de aumento real anual, que podría estar cerca del rango esperado de aumento de la productividad promedio”.
“En este contexto, con el Ingreso Mínimo Garantizado pareciera implicar una mantención del ingreso mínimo que reciben los trabajadores en este tramo hasta el año 2028”, concluyó Montt.
Finalmente, en la Comisión de Hacienda el Ministro ministro de la Segpres, Felipe Ward, explicó que el cambio se produjo porque “el Ejecutivo no está dispuesto a mezclar este proyecto de ley, que establece un subsidio, con el proyecto de reajuste al salario mínimo, como algunos integrantes hicieron presente”.
