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8 de Diciembre de 2019

Cómo ha funcionado la ley antiencapuchados en el mundo

Si bien existen casos de éxito como en Estados Unidos o Francia, en lugares como Ucrania y Hong Kong estas iniciativas no han durado en el tiempo porque se consideran represivas.

Por Hernán Claro
Ley antiencapuchados
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Tras el estallido social en Chile el Presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas en materia de seguridad, siendo una de las más controversiales la ley antiencapuchados que se discute actualmente en el Congreso. La iniciativa prohibirá el uso de cualquier elemento que oculte el rosto de los manifestantes, pero, además, aumentará en hasta un grado la pena para quienes cometan destrozos con la cara tapada.

Eso sí, no es primera vez en el mundo que un Gobierno establece este tipo de medidas, pues la ley antiencapuchados ha estado presente desde hace varios años en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, China y Ucrania, con resultados diversos.

El experto en derecho internacional y académico de la U. Diego Portales, Domingo Lovera, explicó a EL DÍNAMO que existen tres tipos de leyes contra este tipo de acción: “Una penaliza directamente el uso de capuchas u otros elementos que impidan la identificación del sujeto, otra como la que se quiere usar en Chile es más bien un agravante penal y la tercera gatilla controles de identidad cuando alguien se tape el rostro y que también se ocupa en nuestro país tras la modificación del Control Preventivo de Identidad”.

Ley antiencapuchados en Europa

En Francia, por ejemplo, se aprobó una ley antiencapuchados en septiembre del 2010 y en ella se instó a no portar en espacios públicos accesorios que cubran la cara como cascos, máscaras, pasamontañas y velos. Además según Lovero, “aquí la sanción no es penal, sino más bien económica, pero directamente sanciona el uso, pese a que no haya un delito de destrozos”.

También hay casos como el de Alemania, donde desde 1980 -de acuerdo al apartado 17a Abs. 2 de la Ley de Reunión- no se puede ocultar el rostro para que la policía pueda identificar a los manifestantes. La violación de la norma trae consigo una multa o el encarcelamiento por hasta un año.

Sin embargo, no en todos los países de Europa ha tenido una buena recepción. En Ucrania la ley anticapuchados comenzó a regir en 2013 luego que la policía de Berkut se enfrentó a una turba de manifestantes del Euromaidán, sin embargo, el exceso de medidas represivas -además de las capuchas se prohibió la libertad de reunión- causaron un enorme malestar ciudadano.

Fue tal el descontento, que el Presidente Víktor Yanukóvich debió renunciar a su cargo un año más tarde. Con él, también fue el fin de la ley antiencapuchados ucraniana.

Al respecto, Domingo Lovera explicó que “son medidas represivas, pues las personas muchas veces tienen razones legítimas para tapar sus rostros, las cuales van más allá de si están cometiendo un delito o no”.

Otras partes del mundo

En Estados Unidos la ley antimáscara data de mediados del siglo XX, pero más que para sancionar su uso durante manifestaciones sociales se comenzó aplicar para impedir el funcionamiento del Ku Klux Klan. El movimiento antisemita y supremacista ocupaba sus clásicas capuchas blancas para evitar el reconocimiento de sus miembros.

De igual forma, en la actualidad algunos manifestantes enmascarados han sido objeto de esta legislación, pese a que no era su propósito inicial.

También en Canadá, la ley apareció tras las violentas protestas de indígenas contra las petroleras instaladas en el país. Durante el 2013, los manifestantes incendiaron varios vehículos policiales mientras escondían sus rostros.

Por ello, ese mismo año se aprobó un proyecto para establecer la sanción más dura del mundo asociada a esconder el rostro. Quienes quebrante la ley en Canadá arriesgan hasta 10 años de presidio.

Finalmente, el caso más reciente de ley antiencapuchado en el mundo ocurrió en Hong Kong, donde fue la propia Corte Suprema hongkonesa quien le reprochó al Gobierno el uso de esta herramienta. Para el académico Domingo Lovera, esto demostraría que “es una ley absolutamente inservible para el control de delitos”.

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