Pensiones: ¿es viable un sistema de reparto en Chile?

La promesa era alta: “Chilenos se pensionarán con el 100% de su sueldo el 2020”. Las palabras de Fernando Ávila, ex gerente de la Asociación de AFP, hechas en 1990, se han vuelto virales en redes sociales, recalcando que el traspaso del sistema de reparto a las AFP no cumplió lo prometido.

De acuerdo a un estudio de la OCDE, los hombres nacidos en 1940 tienen una pensión promedio que alcanza el  58,9 % de su sueldo, mientras que aquellos que nacieron en 1996 recibirían a un 33,7%. “El sistema debe reescribirse”, dijo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, durante la interpelación ante la Cámara por el sistema actual de pensiones.

La secretaria de Estado defendió la necesidad de realizar una reforma que permita mejoras progresivas reescribiendo las bases del sistema; que ingresen nuevos actores sin fines de lucros; que exista una entidad fiscal que administre completamente la cotización adicional del 5%; que los afiliados tengan una mayor participación y una suerte enlazada con sus administradora; y generar un tercer pilar basado el ahorro colectivo solidario. “Solo así poder mejorar pensiones”, afirmó.

Sistemas de reparto

Antes del sistema actual de AFP, en Chile existió un sistema de reparto en donde el Estado chileno contribuía con aproximadamente el 30% del total de recursos. Eso se sumaba a un fondo común con las cotizaciones de los trabajadores activos, quedando la pensión sujeta a a las características de cada Caja de Previsión Social, las que determinaba sus propios requisitos para pensionarse.

A 1980,  el Servicio de Seguro Social requería una cotización del trabajador de 7,25 % y de 15,70 del empleador; la Caja de Empleados Particulares una cotización de 10,16% y 14,75%, y la Caja de Empleados Públicos de 11,00% y 4,75%, respectivamente. Si un hombre no reunía 15 años de cotización en la Caja del Seguro Social, no se le pagaba, mientras que las mujeres corrían la misma suerte si no lograban 10 años de cotización.

El grupo “No+AFP” propone volver al sistema de reparto aumentando gradualmente el aporte de los empresarios a un 9% en 2024, fecha en la que la cotización del trabajador también quedará en 9%. “De esta manera el aporte contributivo porcentual total será del 18% sobre los ingresos imponibles. En cuanto al aporte no contributivo, está dado por los aportes del Estado desde el presupuesto de la nación basados en los tributos generales”, afirman desde la agrupación.

Tomando como base la iniciativa del grupo liderado por Luis Mesina, el diputado Giorgio Jackson también aspira volver al modelo antiguo. “Para financiar nuestra propuesta se consideran el gasto público ya provisionado por el Ejecutivo y los ingresos aportados por las cotizaciones de los trabajadores; el aporte que realiza el empleador para el seguro de invalidez y sobrevivencia; y el aporte proyectado del empleador por el aumento de 4% en la cotización (considerando la misma gradualidad en el aumento que la propuesta del gobierno)”, detalla la propuesta , asegurando que “si cambiamos los parámetros podemos aumentar las pensiones y asegurar que lleguen al menos al sueldo mínimo“.

Según la consultora Ciedess, en cuanto a la solvencia financiera de la propuesta, “el balance neto alcanzaría un déficit en el quinto año de funcionamiento del nuevo sistema” y la tasa de cotización de equilibrio, que equipara los ingresos por cotizaciones y los gastos totales, “comienza con 5,8% en 2021, aumenta fuertemente a 19,4% en 2024 y mantiene esa tendencia alcista hasta llegar en torno al 54,6% de la renta imponible en 2078″.

El caso español

Algunos incluso han dicho que en Chile podría aplicarse un sistema de reparto similar al que existe en España. En diciembre de 2019 en España se contabilizaban 6.089.294 pensiones de jubilación, con una prestación media de 1.143,55 euros mensuales, es decir, unos 951.833 pesos chilenos. El período mínimo de cotización para acceder a la pensión es de 15 años, teniendo derecho solo a un 50% de su base reguladora.

José Antonio Herce es uno de los principales expertos de pensiones en habla hispana. Profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, perteneció al Cuerpo de Titulados de la Comisión de la UE entre 1987 y 1991, ha dirigido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y ha sido socio director del área de economía aplicada de Analistas Financieros Internacionales (Afi). En conversación con EL DÍNAMO, el académico aseguró que “la Seguridad Social de reparto existe en la mayoría de los países del mundo, aunque en muchos convive con el sistema de capitalización -de empleo o individual- en lo que se conoce como un sistema mixto“.

“En España, la Seguridad Social ocupa de manera casi absoluta el panorama previsional determinando que, el grueso de las rentas de jubilación de los españoles provengan de esta única fuente. El inconveniente de la gran predominancia de un sistema público de pensiones es que no realiza acumulación alguna de ahorro a largo plazo y que sus prestaciones tienen un elevado componente redistributivo quedando escasamente ligadas al esfuerzo contributivo de los trabajadores”, explicó.

Según Herce, “estas prestaciones quedan a merced de los criterios políticos de su actualización y las posibilidades del sistema para financiarlas enteramente con aportaciones de trabajadores y empleadores a medida que el sistema genera déficit y deuda como consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida”, aunque destacó que “la ventaja de este sistema es que obliga a todos los trabajadores a cotizar durante su vida laboral y que, por la vía del componente redistributivo de las pensiones, evita la pobreza entre los pensionistas“.

Uno de los problemas que prevén algunos analistas del sistema español es el aumento de los adultos mayores. Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística de España citados por el mismo José A. Herce, en 2050, la población mayor de 65 años representará el 31,6%.

“Muy probablemente, la relación entre trabajadores afiliados al sistema y pensionistas estará cerca de la unidad. Esto augura, si se mantuviese la edad de jubilación efectiva en los 65 años, que el sistema tendrá importantes dificultades para financiar su gasto en pensiones a menos que los tipos de cotización se estableciesen cerca del 50% de los salarios (actualmente en el 28,3%) o las pensiones de jubilación recién causadas descendiesen a cerca del 40% del último salario“.

“Es decir, bajo el supuesto de legislación constante (a 2019), las perspectivas del sistema de pensiones de reparto no son muy buenas. Seguramente habrá cambios relevantes para introducir un pilar complementario de empleo, preferentemente, que descargue a la Seguridad Social de semejante carga; se irá adaptando la edad de jubilación de manera más acorde con la esperanza de vida y se reformularán las condiciones de acceso a la pensión, entre ellas las de supervivencia. Como ya sucede en muchos países avanzados”, explicó el experto.

El sistema de AFP

Consultado sobre el sistema chileno de AFP, Herce afirmó que “AFP ha demostrado que puede rentabilizar muy exitosamente los ahorros previsionales de los trabajadores. Pero ha incurrido en varios problemas que a los ojos de observadores poco informados dan la impresión de que ha fracasado“.

“En primer lugar, la voluntariedad de la participación de los trabajadores ha hecho que muchos acaben teniendo carreras de cotización insuficientes y que los capitales previsionales acabarán siendo insuficientes para reemplazar adecuadamente a los ingresos laborales”, indicó el académico, asegurando que “las tasas de aportación no han sido suficientes tampoco para lograr capitales medios elevados, a pesar de la buena rentabilidad histórica de los fondos”.

“La ausencia de un esquema de pensiones básicas de Seguridad Social (contributivas o asistenciales) de entidad suficiente, como sí existe en muchos países avanzados en los que domina la capitalización, ha determinado que muchos trabajadores con reducidas carreras de aportaciones a las AFP hayan acabado en la pobreza durante su jubilación”, agregó.

Sin embargo, Herce aseguró que -en su opinión- no se trata tanto de que Chile recorra el camino de España en materia previsional, ni de que España recorra el camino de Chile. Sino de que, desde extremos aparentemente opuestos, ambos países, y muchos más que buscan y necesitan buenas soluciones previsionales para el siglo 21 “encuentren vías previsionales en las que el reparto y la capitalización, reformulados como auténticos sistemas mixtos, sostenibles y suficientes en su conjunto, protejan adecuadamente a los trabajadores y sus familias en un marco de cambio estructural caracterizado por una creciente longevidad y por la disrupción digital”.