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13 de Enero de 2020

Emilio Elgueta demandó al Estado por una indemnización de $520 millones

La acción fue ingresada el jueves de la semana pasada ante el Juzgado de Letras de Rancagua, apuntando a la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado.

Por Redacción EL DÍNAMO
Elgueta demanda
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El destituido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, presentó una demanda en contra del Estado de Chile, pidiendo el pago de una indemnización que supera los 520 millones de pesos, tras su salida del poder judicial.

Según informó El Mercurio, la acción fue ingresada el jueves de la semana pasada ante el Juzgado de Letras de Rancagua, apuntando a la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado.

En la demanda, Elgueta argumenta que era un empleado del Estado, que fue removido por el Poder Judicial sin que se cumplieran las normas del Código del Trabajo, como una carta o aviso previo.

También sostiene que se le despidió sin “expresión de causa legal”, por lo que pide el pago de $520.088.667 por sus 40 años y 8 meses de servicio, la sustitutiva del aviso previo, feriado proporcional, el recargo legal del 50%, más reajuste y costas del juicio.

Esto tomando en cuenta que antes de su suspensión (de tres meses antes de su remoción), recibió hasta julio del año pasado una remuneración de $7.051.731.

Elgueta afirmó a El Mercurio que el Estado debe indemnizarlo ya que él sigue siendo “un trabajador para todos los efectos legales, porque no se respetaron las normas laborales”.

En esta misma línea, el destituido juez argumentó que “no es la misma calidad de un ministro de los del Gobierno, que son cargos de confianza, porque uno llega a este puesto por carrera. Hay una relación laboral, hay un sueldo, un horario y una dependencia. Si no fuera trabajador, ¿por qué se me pagan las AFP? Es un tema de igualdad de derecho, por eso interpuse una demanda”.

Cabe recordar que Elgueta fue removido de su cargo por el Pleno de la Corte Suprema, tras ser formalizado por los delitos de prevaricación, enriquecimiento ilícito y nombramiento ilegal.

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