A tres meses del estallido social: ¿cómo ha respondido el Gobierno a las demandas sociales?

El 18 de octubre marcó el inicio del denominado “estallido social”: luego de las evasiones masivas e incendios en el Metro de Santiago, distintos tipos de manifestaciones se tomaron las calles para exigir mejoras en diversas demandas sociales. Si bien La Moneda reaccionó ante las protestas, en estos 92 días las movilizaciones persisten, con menos intensidad.

A tres meses de esa fecha, pensiones, salud y educación siguen siendo los temas prioritarios para la población, según lo reveló la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dada a conocer el jueves pasado. En este contexto, ¿cómo ha respondido el Gobierno a las demandas sociales?

Pensiones

Según la encuesta CEP, pensiones es la problemática a la que más esfuerzos debiera poner el Gobierno en solucionar, con 64% de las consultados mencionándola como prioridad. Y desde La Moneda lo saben: el 22 de octubre, a cuatro días de iniciarse el estallido, el Presidente Sebastián Piñera anunció una “agenda social”, donde el tema previsional era una de las demandas sociales a las que se le buscaba una solución.

Así, ese día el Mandatario anunció que se aumentaría de forma inmediata “el 20% de la pensión básica solidaria, beneficiando a 590 personas; un aumento inmediato del 20% del aporte previsional solidario, beneficiando a 945 mil pensionados; un aporte adicional de las pensiones solidarias durante el 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años”.

Junto con ello, el Mandatario consignó aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y mujeres, favoreciendo a 500 mil personas y recursos fiscales para mejorar pensiones de adultos mayores no valentes.

Sin embargo, el anuncio no fue suficiente para el Congreso.

Fue desde el mismo oficialismo de donde vino el conflicto: la diputada Ximena Ossandón presentó en la Cámara de Diputados la indicación para aumentar las pensiones básicas en un 50%, lo que está sobre lo propuesto por el Gobierno con un ajuste de un 20%. En un principio, el Ejecutivo desechó la idea.

El director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, se opuso a la iniciativa argumentando que “el solo aumento en 20% de la pensión básica implica US$600 millones y con esta iniciativa se está aumentando en US$1.000 millones el gasto, monto que no tenemos y que es imposible financiar con un crecimiento bajo”. Sin embargo, la diputada salió ganando.

Fue el 4 de diciembre de 2019 que, finalmente, la sala del Senado aprobó de manera unánime el proyecto que mejorana y establecía nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias, lo que en práctica permitirá un aumento gradual de las pensiones solidarias hasta en un 50% a partir de diciembre de 2019.

Hoy, casi un mes después, el Ejecutivo hace su segundo gran anuncio en la materia: el 15 de enero de 2020 presentó la esperada reforma al sistema previsional.

La reforma al sistema de pensiones aumenta la cotización adicional en un 6%. De este, un 3% por cuenta del empleador se va para el ahorro individual (se suma al 10% actual) y el otro 3% va a un Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario de cargo del empleador y un aporte inicial del Estado. Los recursos de este 6% de cotización adicional serán administrados por una Institución Pública Autónoma.

Asimismo, propone cambios a la industria de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), abriéndose a nuevos actores como sociedades sin fines de lucro, cooperativas de afiliados y otras. Además, las administradoras tendrán que devolver a las cuentas de ahorro individual parte de las comisiones cobradas cuando la rentabilidad del Fondo sea negativa.

La ministra de Trabajo y Presión Social, María José Zaldívar, aseguró que “esto (la reforma) cambia a las AFP de manera bastante profunda, porque primero vamos a tener la posibilidad que el 10% de mi ahorro personal no sea solo administrado por la AFP, que es lo que teníamos hoy en día”, respondiendo respondieron a las críticas de la oposición, quienes aseguraron que la reforma no toca a las AFP. Uno de los más críticos fue el diputado Giorgio Jackson, quien el día del anuncio escribió en su cuenta de Twitter: “¿Fortalece la lógica de capitalización individual la reforma? Sí. ¿Existen fórmulas sostenibles que podrían mejorar más las pensiones hoy? Sí. ¿Toca a las AFP? No”.

Salud

Al momento de anunciar la agenda social el 22 de octubre de 2019, Piñera afirmó que “vamos a poner urgencia al proyecto que crea el seguro catastrófico de enfermedades, creación de un seguro que cubra parte de los medicamentos de las familias chilenas no cubiertos por GES o la Ley Ricarte Soto, ampliación del convenio de Fonasa con cadenas de farmacias a todo el país, beneficiando a 12 millones de personas”.

Sin embargo, pese a ser una de las demandas sociales, fue recién el 5 de enero de 2020 cuando el Mandatario presentó formalmente el proyecto de ley “Mejor Fonasa”, que tiene como objetivo reformar el seguro público de salud que atiende a 14,5 millones de personas.

Entre los principales cambios está la instauración de un plazo máximo de espera para consultas y cirugías, reduciendo los tiempos en que las personas deben aguardar por una atención médica. En esa línea se crea el Plan de Salud Universal. Para estipular los plazos máximos de atención se dispondrá de un consejo asesor, que contará con el apoyo de especialistas, quienes analizarán cientos de patologías y las agruparán en cuatro categorías de complejidad y los tiempos qué tendrán para ser atendidas.

En la práctica, si el paciente no recibe atención en el plazo establecido, podrá exigir su derivación al segundo prestador definido en la cadena de atención y luego al subsiguiente. En primer lugar estará el hospital regional base, luego el pensionado del mismo recinto, los establecimientos institucionales y universitarios y, en último lugar, el sector privado.

El Seguro de Medicamentos en tanto espera reducir hasta en un 60% el precio de los remedios más recetados, además de una cobertura mínima garantizada por parte del Estado de un 80% de las prestaciones. También incluye el Seguro Catastrófico de Salud,  que permita dar protección en enfermedades de alto costo. En esa línea, se mantiene el copago máximo de 20% dentro de la red pública y de acuerdo a los tramos socioeconómicos actualmente vigentes en Fonasa.

Sin embargo, ya hay críticos a la iniciativa: Patricio Silva, ex subsecretario de Salud y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, dijo en conversación con EL DÍNAMO que “lo único que va a ocurrir es que se va a desfinanciar el sistema”.

Educación

Tal vez una de las demandas sociales más complejas por el Gobierno, los temas de Educación siguen siendo un problema para La Moneda.

El11 de noviembre de 2019, el Gobierno -a través del Ministerio de Hacienda– suscribió un acuerdo con parlamentarios de oficialismo y oposición para destrabar el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020. En él se establecía, entre otros, la mejora del proceso de pago del aporte de gratuidad a las universidades, el uso de excedentes del Fondo Solidario del Crédito Universitario, aumento de recursos del Fondo de Apoyo de la educación pública, y aumento de cobertura en educación parvularia y del Crédito con Garantía Estatal (CAE).

En cuanto al CAE, el compromiso del Gobierno es que “el deudor que se encuentre en mora en el pago de su obligación crediticia, podrá reprogramar por única vez el crédito posponiendo las cuotas morosas y retomando el pago de su crédito vigente bajo las mismas condiciones originales y pudiendo acceder a los beneficios de pago del Crédito con Garantía Estatal. Esto implica que los estudiantes pagarán un interés anual real del 2%”.

Además, “las cuotas beneficiadas con la reprogramación mantendrán la Garantía Estatal, no devengarán interés ni prescribirán, y su cobro deberá ser efectuado una vez finalizado el periodo de servicio original de la deuda, durante un número de meses similar al número de cuotas que hayan sido reprogramadas”, detalla el documento. Además, gracias a esta nueva iniciativa “aquellas personas cuyos créditos aún se encuentran con tasas de interés mayores al 2%, podrán optar a la bajar la tasa de interés al 2% y que nunca la cuota pueda superar el 10% de sus ingresos“, afirmaron a EL DÍNAMO desde el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, movimientos estudiantiles piden terminar con la deuda total del CAE. El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, afirmó que “para nosotros no es una alternativa”.

“Hablar de condonación evidentemente es de otro tenor“, explicó Vargas, asegurando que el tema pasa “no solamente porque el costo es altísimo, 9.500 millones de dólares debo recordar, sino que también se generan preguntas que el mismo ministro de Hacienda (Ignacio Briones) hacía: ¿qué hacemos con aquellos estudiantes que sistemáticamente han hecho un esfuerzo y han pagado su crédito? ¿qué les decimos a ellos?”.

Pero el descontento no sólo es en la educación superior. Los últimos días de diciembre y a principios de enero se sumó un nuevo movimiento, el que llamaba a terminar con la Prueba de Selección Universitaria. Luego de que la aplicación del examen fallara, Unicef manifestó que esto sería una “vulneración al derecho de la educación”, mientras que la ministra Marcela Cubillos ha sido cuestionada por su ausencia en el conflicto que mantiene enfrentada a la ACES con el Consejo de Rectores.