La advertencia del Frente Amplio a Blumel: “O saca al general director de Carabineros o será acusado constitucionalmente”

La bancada de diputados del Frente Amplio realizó una dura advertencia al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, indicando que si no remueve a Mario Rozas de la dirección de Carabineros, enfrentará una acusación constitucional en su contra.

Jorge Brito (RD) indicó en el Congreso Nacional que “es evidente que la estrategia de seguridad del Gobierno ha sido un rotundo fracaso y lo único que ha traído es violencia y violaciones a los Derechos Humanos. Carabineros no ha adoptado las recomendaciones de los organismos internacionales y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros es bien clara en su artículo primero, donde establece que es el Ministerio del Interior el responsable de ejercer un control sobre la institución”.

“El ministro del Interior hoy tiene que decidir: o saca al general director de Carabineros o va a ser acusado constitucionalmente”, fue el ultimátum del parlamentario.

Brito dejó en claro que “si el ministro del Interior, Blumel, decide continuar protegiendo al general Rozas, entonces él va a tener que asumir la responsabilidad por lo más de 90 días desde que él asumió en el Ministerio del Interior y que han habido torturas, asesinatos y atropellos por parte de carabineros a la ciudadanía a la cual debería proteger”.

Es por ello que el Frente Amplio detalló que durante el receso legislativo trabajarán en la acusación contra Blumel, aunque plantearon a La Moneda a remover al alto mando de Carabineros “con urgencia”, junto con instar al resto de la oposición a “entusiarmarse” con el libelo.

Consultado sobre los argumentos para una acusación constitucional contra Gonzalo Blumel, Jorge Brito apuntó a “transgredir la Constitución y las leyes, el artículo quinto, que dice relación con los derechos fundamentales de la ciudadanía y también de la Ley del Ministerio del Interior que dice relación con el resguardo al orden público”.

“El Estado de Chile está en la obligación que una vez acreditadas las vulneraciones a los Derechos Humanos, el ministro del Interior está en la obligación de adoptar todas las medidas para que esto no vuelva ocurrir. Es la garantía de no repetición que hoy no está siendo considerada”, precisó.