CIDH entrega conclusiones preliminares tras visita: “Chile vive grave crisis en derecho humanos”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer las conclusiones preliminares de la delegación que visitó Chile entre el 25 y 31 de enero, en el marco del estallido social.

Y frente a esto, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño fue clara en señalar que “Chile vive grave crisis en derechos humanos”, junto con pedir un minuto de silencio “como un homenaje que debemos hacer hoy a las víctimas, dedicando hoy nuestro informe a las familias de los fallecidos, a los heridos, a los detenidos, a las violadas, a los que han perdido el importante sentido de la vista, y mi reconocimiento a los jóvenes, a los estudiantes que han dado con su voz muestra de que tenemos empoderados nuestros muchachos y muchachas la expectativa de una lucha por la transformacionales de las sociedades”.

Por su parte, Joel Hernández, relator del CIDH para Chile apuntó, en declaraciones recogidas por La Tercera, que “hoy observamos y presentamos recomendaciones preliminares. En los próximos meses presentaremos un informe final”.

Hernández detalló que en protestas y manifestaciones se “registraron en varios casos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza” por una “falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas (…) estamos ante una grave crisis de derechos humanos. Los números hablan por sí solos”.

En esta línea, el relator puso como ejemplo los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión en ambos ojos por el accionar de Carabineros.

Sobre las manifestaciones que tienen episodios de violencia, “la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresas de los mandos jerárquicos y fundamentada en un riesgo grave para la vida o integridad de las personas y agentes de seguridad cuando no sean posibles otras medidas. La CIDH condena todo acto de violencia, y recuerda que la protesta es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”.

Es por ello que Joel Hernández indicó que el organismo “insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia las denuncias de violaciones a los derechos humanos e informar adecuadamente a la ciudadanía”.

“La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia y acepta toda movilización social mientras sea pacífica”, expuso el relator, pero dejó en claro que “la CIDH valora la apertura del gobierno de Chile para la observación internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el país así como mantener canales de información y articulación de esfuerzo en materia de Derechos Humanos”.

Institucionalidad democrática y desigualdad

Hernández cuestionó las iniciativas legales que “podrían criminalizar el derecho de reunión. La comisión llama a no desarrollar medidas legales que conviertan en actos criminales conductas que en sí mismas no afectan la libertad y la seguridad de las personas”.

Sin embargo, descartó que en Chile exista una dictadura, apuntando que “al inicio de la presentación hemos resaltado la institucionalidad democrática que existe en Chile, es fuerte y está lista para poder atender las crisis de Derechos Humanos. Hay instituciones que se encuentras repasadas al atender tanta demanda. Si han podido constatar una democracia fuerte pero que tiene un desafío de empezar un camino de justicia y de reparación, desafío de estado y sociedad chilena”.

En cuanto a las demandas sociales emanadas tras el estallido social, “la comisión pudo observar la existencia de una sociedad civil vibrante y consciente de sus derechos, solidaria y movilizado alrededor de sus demandas. La comisión reconoce la legitimidad de las demandas históricas, en particular sus reivindicaciones respecto a la desigualdad en el ingreso, acceso a la salud, educación, a la seguridad social, al agua y otros derechos sociales”, junto con “acceso y disfrute de derechos sociales, servicios públicos básicos y niveles de mayor bienestar”.

Joel Hernández planteó que “si bien Chile ha registrado elevadas tasas en el crecimiento económico y ha alcanzado logros en la reducción de la pobreza y cobertura de servicios sociales, persisten altos niveles de desigualdad y exclusión. Las protestas expresan no sólo el malestar de los sectores más pobres y excluidos, sino también de amplios sectores medios que han visto seriamente limitadas sus posibilidades de desarrollo y de vida digna”.

“Chile ha realizado importantes esfuerzos para incrementar el ingreso económico familiar, pero persisten una pluralidad de problemáticas asociadas a procesos estructurales y obstáculos tanto prácticos como jurídicos para la efectiva realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre ellos, destaca la insuficiencia de regulación y control de las actividades empresariales que afectan derechos sociales y ambientales”, argumentó.

Así, el relator del CIDH detalló que “si bien los niveles de desigualdad han variado en intensidad y carácter, se ha visto limitado por distintas razones el acceso a educación, salud, pensiones dignas y agua. (…) afectando a jóvenes, mujeres jefas de hogar, pueblos indígenas y personas mayores”.