El cruce entre la Defensoría y Subsecretaria de la Niñez por iniciativa del Gobierno para sancionar a padres de menores detenidos
Durante esta semana el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado confirmaron que interpondrán acciones civiles contra los responsables legales de quienes sean detenidos en protestas.
El anuncio realizado por el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) donde se confirmó que, desde ahora en adelante, los padres de menores detenidos en manifestaciones deberán responder de manera civil por los actos de sus hijos, generó un duro cruce entre la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
Primero fue el turno de Bown, quien utilizó Twitter para defender la iniciativa del Gobierno y aseguró que “el control del orden público es responsabilidad de las autoridades, pero necesitamos la sanción social de la violencia, así como la ayuda de las familias”.
“El miércoles fueron detenidos 118 menores de 18 años en actos violentos en la Región Metropolitana. A la fecha van más de 4.000 niños, niñas y adolescentes detenidos“, agregó.
El control del orden público es responsabilidad de las autoridades, pero necesitamos la sanción social de la violencia, así como la ayuda de las familias. Ayer fueron detenidos 118 menores de 18 años en actos violentos, en RM. A la fecha van más de 4.000 NNA detenidos. [HILO]
— Carol Bown (@CarolCBown) March 12, 2020
Muñoz: “Provoca amedrentamiento”
Por su parte, Patricia Muñoz, contestó los dichos de Bown y explicó en conversación con radio ADN que la medida implementada por el Gobierno “me parece una actuación que provoca amedrentamiento para evitar que los jóvenes se manifiesten y así restringir un derecho fundamental, que es el derecho a la manifestación pacífica”.
Según dijo la defensora, el Gobierno suele hacer “de manera irresponsable” la asociación entre menores de edad y hechos delictivos, pero que esto “es una generalización por parte de las autoridades”.
“Lo que ocurre actualmente es que hay una generalización y esto no tiene que ver con negar (los delitos), sino que el punto de cómo la institucionalidad pública asume la responsabilidad, que no son los niños, sino de las familias y de los órganos del estado”, aclaró.
Además aseguró que “hay una inacción manifiesta en cómo se entregan las herramientas a las familias y cómo se ve la protección a los niños, que no es criminalizarlos”.
Sin embargo, para la subsecretaria Brown, las medidas adoptadas buscan “insistir en el llamado a no exponer a los niños, a saber dónde están y cuidar que no sean expuestos ni usados políticamente”.
