Proyecto de indulto para reos de “baja peligrosidad” suma apoyos
Según el Ministerio de Justicia, se aplicará para quienes tengan más de 65 años, mujeres embarazadas o que tengan un hijo con menos de dos años.
Un reciente proyecto de ley enviado por el Ministerio de Justicia, que busca el indulto de algunos reos de baja peligrosidad y que sean parte de la población de riesgo, suma cada vez más adeptos. De hecho, organizaciones como el Colegio de Abogados de Chile, la Defensoría de la Niñez y Amnistía Internacional la avalan.
El Colegio de Abogados, por ejemplo, compartió una declaración ratificada por todos los miembros del Consejo General de la entidad. Según destacaron, apoyan el indulto del Gobierno porque el proyecto “constituye un aporte importante a la protección de reos y permitiría que se reduzca la población penal y disminuyan las posibilidades de contagio”.
“Los recintos penitenciarios chilenos, en su mayoría, son lugares altamente hacinados, y, como es de público conocimiento, ya existen casos de contagiados al interior de algunos de ellos, con las consiguientes dificultades de aislamiento”, complementaron desde el Colegio.
Incluso, los abogados fueron más allá y solicitaron la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva, la cual, “se debe aplicar cuando otras medidas no sean suficientes para asegurar el éxito de la investigación y procedimiento, o cuando la libertad del imputado constituye un peligro cierto para la seguridad de la sociedad o de la víctima”.
“Otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario, pueden garantizar de igual forma los fines de la investigación, así como la seguridad de la sociedad y víctimas, con la ventaja que ante la pandemia previene mejor la salud y vida de los imputados”, agregaron del Colegio de Abogados.
Las otras instituciones que recogen el llamado de Justicia
Sin embargo, el Colegio de Abogados no fue el único gremio en apoyar el indulto para los reos auspiciado por el Gobierno. Se sumaron también algunas voces al interior de la Defensoría de la Niñez y de Amnistía Internacional.
En el primer caso analizó la iniciativa la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien dedicó en su Twitter algunas palabras de apoyo para el proyecto.
Según dijo Muñoz, “sinceramente confío en que el Presidente Sebastián Piñera, reconociendo y valorando el trabajo del ministro Hernán Larraín y del subsecretario Sebastián Valenzuela, utilice un mecanismo de veto y se logren estos indultos“.
En Amnistía Internacional, por su parte, elaboraron una carta para el Gobierno sobre la situación de los reclusos en todo el país y pidieron su pronta liberación para evitar que sean contagiados de Covid-19.
De acuerdo al texto, “frente a la pandemia del COVID-19, Amnistía Internacional expresa su preocupación sobre la situación de precariedad que viven las personas privadas de la libertad en todas las Américas”.
“Resulta destacable la iniciativa del Gobierno de 25 de marzo 2020, consistente en enviar un proyecto de ley con urgencia de discusión inmediata, para aprobar un indulto general conmutativo bajo ciertos requisitos en favor de personas privadas de la libertad”, continuaron.
El total de personas a nivel nacional que se podrían ver favorecidas con estas medidas son al rededor de 1.300, de acuerdo al Ministerio de Justicia. Se aplicaría a aquellas personas que tengan más de 65 años de edad, que sean mujeres embarazadas o que tuvieren un hijo o hija menor de dos años de edad.
Además, en el caso de la población penal mayor de 75 años -grupo de muy alto riesgo- se prescinde de cualquier exigencia de cumplimiento mínimo de condena, y se prescinde también de cualquier exigencia de saldos máximos de condena que resta por cumplir.
“El indulto consistirá en la conmutación de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas”, aclararon en un comunicado desde el Ministerio de Justicia.
El proyecto, de todas formas, primero deberá ser revisado luego que algunos senadores de Chile Vamos ingresaron un requerimiento para que sea declarado inconstitucional. La acción responde a que en la iniciativa no se considera la situación de los reos de Punta Peuco, detenidos por delitos a los derechos humanos.
