La discusión que llegó tarde: cómo los parlamentarios previeron la polémica de Cencosud pero no lograron detenerla

La polémica por la repartición de dividendos por parte de Cencosud no baja de intensidad. Si bien desde La Moneda hicieron un respectivo mea culpa por no haberse anticipado a este tipo de prácticas -incluso anunciando posibles acciones legales-, lo cierto es que tanto el Gobierno como los parlamentarios sí habían previsto la situación. Pero la discusión llegó tarde.

Solo 24 horas antes de la junta de accionistas del holding liderado por Horst Paulmann, ministros, senadores y diputados discutieron el tema de las utilidades y la Ley de Protección del Empleo.

Desde el 28 de abril recién pasado, una comisión mixta revisa eventuales modificaciones a la Ley de Protección del Empleo. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición concordaron que la normativa se tramitó de forma apresurada debido a las circunstancias sociales y económicas derivadas del coronavirus, por lo que este nuevo proyecto será el encargado de mejorar la ley que lleva menos de un mes en funcionamiento.

Ese día, la instancia presentó la indicación del diputado Gabriel Silber (DC), proponiendo limitar la repartición de utilidades en aquellas empresas que estén organizadas como sociedades anónimas acogidas a la ley. De esta forma, de aprobarse el proyecto en el Congreso, mientras dure la suspensión de contratos de sus trabajadores, las firmas no podrían repartir dividendos entre sus accionistas, como ocurrió con Cencosud. Sin embargo, no todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo.

El primer round

El primero en mostrarse contrario a la limitación de los dividendos fue el diputado UDI Patricio Melero, quien explicó que impedir el reparto de utilidades en las sociedades anónimas podría operar únicamente mediante el acuerdo unánime de sus accionistas, añadiendo que la disposición propuesta afectaría principalmente a los accionistas minoritarios.

Andrés Allamand (RN) se sumó a la posición en contra, afirmando que tales proposiciones vulneran las disposiciones constitucionales que permiten el ejercicio de actividades económicas y el derecho de propiedad, al afectar sus atributos esenciales, lo que fue apoyado por la UDI Jacqueline van Rysselberghe.

En respuesta, Silber argumentó que para evitar una falta de liquidez de la empresa resulta pertinente suspender el pago de los dividendos, similar postura adoptada por el PS Juan Pablo Letelier, quien dijo que no resulta pertinente que aquellas empresas que cuentan con utilidades puedan repartirlas entre sus accionistas una vez que hubieren suspendido el vínculo con sus trabajadores.

Ante la discusión, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, puntualizó que la ley contempla medidas para evitar los abusos.

El mea culpa de La Moneda

Sin embargo, las medidas parecieron no ser suficientes. El 30 de abril, Cencosud informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que repartirá utilidades por más de $91.360 millones a sus accionistas, lo que representa más del 80% de sus utilidades del 2019.

Solo un día antes, la Comisión Mixta había aprobado limitar la repartición de dividendos con votos en contra de la oposición y la disposición del Gobierno de continuar las negociaciones para evitar que este cambio pase a las respectivas salas.

Tras conocerse el Hecho Esencial enviado por Cencosud a la CMF,  el Gobierno reaccionó: “Para la ciudadanía resulta inentendible -y para el Gobierno también- que la empresa se acoja a la Ley de Protección de Empleo, que supone sacrificios monetarios relevante para los trabajadores y el uso indirecto de recursos fiscales”, expresó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en Emol TV.

“En una crisis como esta, las señales importan, importan mucho, particularmente para un elemento que es clave que es la confianza y señales como esta no contribuyen en esa dirección, quiero ser bastante claro en esta materia”, agregó el secretario de Estado respecto a la repartición de dividendos de Cencosud.

Paralelamente, en Radio Universo, la ministra Zaldívar aseguró que “si una empresa hace mal uso de esta ley, o si una persona natural hace mal uso de esta ley, hay sanciones que son sumamente gravosas”.

Por tal motivo, la secretaria de Estado indicó que “los antecedentes se van a poner ante los tribunales de justicia para que ellos resuelvan si es que corresponde o no se les apliquen las penas, que son de privación de libertad, de tres a cinco años”.

Pero fue durante la sesión del martes 5 de mayo en que el Gobierno reveló que Cencosud no era la única empresa del IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones, principal índice bursátil de Chile), que por lo tanto reparten dividendos entre sus accionistas, que se había acogido a la Ley de Protección del Empleo.

“Estuvimos ayer revisando la primera información que tenemos respecto de empresas que se han acogido, por ejemplo, siendo una relación con empresas que están dentro del IPSA y ver quiénes han distribuido utilidades”, comentó Zaldívar ante la comisión mixta.

Así, además de Cencosud, que se acogió a la ley creada para proteger el empleo con una nómina de 4.251 trabajadores de la multitienda Paris, se encuentra Ripley con 3.170 trabajadores, la constructora Salfacorp con 527, y la viña Concha y Toro con solo un trabajador.

Posteriormente, desde Concha y Toro aclararon que la compañía inscribió por error a ese trabajador en el Fondo de Cesantía.El funcionario se encontraba con permiso sin goce sueldo.

La ministra precisó además que estas empresas “han repartido utilidades. Por ejemplo Ripley y la constructora Salfacorp, lo hicieron en el mínimo legal, es decir, el 30%. Por lo tanto tiene cumplimiento con lo que la ley establece”.

“En este minuto tenemos que solo un 1% de las empresas que se están acogiendo son empresas grandes y si lo vemos en porcentaje de trabajadores totales, son un 26%“, expresó Zaldívar, asegurando que más del 64% de las empresas son micro.

Una discusión que sigue

Con los nuevos antecedentes en la mesa respecto a la repartición de dividendos en Cencosud y otras empresas, el Gobierno hizo una contrapropuesta a la comisión: permitir que aquellos holdings acogidos a la Ley de Protección del Empleo con hasta un 10% de la planilla de recursos humanos puedan repartir hasta un 30% de utilidades, el mínimo legal de dividendos.

Quedarían exentas de dicha restricción aquellas empresas que complementen los ingresos recibidos y pagados por el Fondo de Cesantía a sus trabajadores suspendidos, completando así a los trabajadores el total de su remuneración convenida en forma previa a la promulgación de la ley.

Sin embargo, la indicación no convenció y se mantuvo la prohibición aprobada en primera instancia por 6 votos contra 4. Ahora serán la Cámara de Diputados y la del Senado quienes zanjen la polémica en votación en sala, si es que no se determina una inconstitucionalidad de la indicación.

Al cierre del martes, las acciones de Cencosud reportaron un alza de 6,25%, con un valor de venta de $1.057. Las acciones de Ripley, en tanto, subieron en 2,87% (venta en $254,08), las de Salfacorp en 4,53% (venta a $351,8) y las de Concha y Toro bajaron en 0,47% a una venta de $1.264.

Por su parte, el IPSA cerró la jornada en la Bolsa de Santiago con un alza de 1,79% a 3.922,40 puntos